El Ayuntamiento de Rojales ha pagado durante los últimos cinco años un total de 445.889,88 euros a una empresa por la realización de trabajos de mantenimiento eléctrico del alumbrado municipal sin que existiera ningún contrato entre la mercantil y la administración local. Los departamentos de Secretaría e Intervención han determinado que, por estos hechos, el consistorio ha vulnerado la normativa contractual que obliga a sacar este servicio a licitación pública, algo que el gobierno municipal del PSOE, presidido por Antonio Pérez, no hizo a pesar de los continuos reparos e informes negativos recibidos.
El informe que cifra la cantidad global pagada por el consistorio a la mercantil Electricidad Ansa SL ha sido redactado tras forzar los dos grupos de la oposición, PP y Pader, la celebración de un pleno extraordinario para abordar este asunto. En concreto, las dos formaciones pidieron conocer la situación jurídica del servicio de mantenimiento del alumbrado público y la legalidad de los reiterados pagos que se han venido haciendo a la mercantil, así como las posibles responsabilidades derivadas de la actual situación.
Ayer, esos informes sirvieron como principal argumento del debate entre los tres grupos municipales que conforman la corporación durante el pleno celebrado a última hora de la tarde. En concreto, el de Intervención señalaba que el servicio de mantenimiento eléctrico «se está prestando desde hace años» por la citada mercantil «sin contar con contrato administrativo adjudicado y sin haberse licitado el servicio, lo que supone un claro incumplimiento de la normativa contractual». En cuanto a la legalidad de los pagos, recoge que «las facturas que se han presentado han sido objeto de reparos por parte de Intervención y de informe negativo emitido por la Secretaría general». Así señala que «a pesar de ello, los pagos fueron aprobados por los órganos municipales competentes por entender que correspondían a servicios prestados.
Responsabilidades
«En lo relativo a la determinación de las posibles responsabilidades de la actual situación, y sin entrar a analizar el alcalde de las mismas, por no ser competencia propia del órgano interventor, la vulneración de la normativa contractual puede originar responsabilidad administrativa en materia disciplinaria, patrimonial y contable, sin perjuicio de que se pueda apreciar responsabilidad en otros ámbitos ajenos al administrativo», expresa el interventor. Asimismo, el secretario estima que la inexistencia de contrato y teniendo en cuenta «que se ha omitido totalmente el procedimiento legalmente establecido, la consecuencia es la nulidad de pleno derecho del gasto efectuado». No obstante, apunta que esto «no exime a la administración de su obligación de abono de los servicios realizados». Se indica que para poner fin a la situación, es necesario iniciar un procedimiento de contratación, algo que hizo el consistorio el pasado noviembre y que la oposición exige que se agilice.
