El juzgado de Primera Instrucción 3 de Orihuela está dando un impulso a los asuntos que tiene pendientes desde hace años de su época como juzgado de Instrucción (número 3) y que tienen como principal procedimiento los derivados del caso Brugal. La jueza de adscripción territorial (Jat) Rosa María Villegas, quien vino con esta misión y que se marchará de Orihuela cuando concluya su trabajo, algo que ocurrirá en cuestión de meses, notificó la semana pasada el auto de apertura de juicio oral de este asunto sin que se haya resuelto algunos recursos presentados por los investigados, en algún caso por una supuesta indefensión, y que, de ser estimados, no casarían con la apertura de juicio decidida la semana pasada y por la cual se acuerda sentar en el banquillo a tres de los ediles que firmaron los contratos y al que presidía las juntas de gobierno.
Rodríguez Barberá es, precisamente, uno de los que tiene recurrida su investigación porque a él como presidente no le quedaba otra que levantar los reparos y aprobar aquellas facturas que llegaban cuando los técnicos decían que los trabajos se habían hecho. En caso contrario, habría cometido otro delito. Las diligencias, en su momento, se dirigieron contra los nueve ediles que acudían a las juntas, que son los cuatro antes citados y los cinco contra los cuales se archiva el procedimiento penal: Antonio Lidón, Ginés Sánchez, José Manuel Cutillas, Pepa Ferrando y Antonio José Ortiz.
Las facturas eran de todo tipo. Desde limpieza de edificios municipales, a retirada de basuras o, incluso, del centro ocupacional Oriol, según consta en las diligencias. De ellas se informaba con reparos y estos se levantaban en junta de gobierno. Algo que, por desgracia, es muy habitual en la práctica totalidad de ayuntamientos y que darían pie a pensar que lo que ha ocurrido en Orihuela puede estar pasando sin ser delito en muchos municipios.
