La sección VII de la Audiencia Provincial con sede en Elche ha resuelto declarar la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a una operación contra la distribución de cocaína en Orihuela y sus pedanías, y que se saldó en 2006 con 23 personas detenidas por delitos contra la salud pública en diferentes grados. De ellas, llegaron acusadas a la sesión del juicio de ayer 22, de las cuales 17 se marcharon libres al retirar la Fiscalía la acusación, puesto que el tribunal resolvió que el auto judicial original por el que se iniciaron las intervenciones telefónicas con las que se fue desenmarañando el entramado no estaba suficientemente motivado y justificado (por lo tanto, las posibles pruebas contra ellos caían).
Así, quedaron solo cinco hombres acusados, para quienes se solicitaran al término del juicio penas de prisión que podrán ir de los tres a los seis años. Uno de los acusados declaró que no recordaba a quién compraba o vendía la droga, aunque sí reconoció que la Policía encontró en un registro en su domicilio en La Murada unos 60 gramos de cocaína que distribuía a conocidos.
Preguntas
El resto de acusados no respondieron a las preguntas del fiscal, incluidos dos a quienes los testimonios de otros han situado como los coordinadores de la red de distribución por la localidad. Otro de los acusados, a quien se atribuye haber ocultado casi 500 gramos de cocaína en el techo del ascensor de su edificio en Molins, aseguró que no tenía las llaves ni era el presidente de la comunidad cuando sucedieron los hechos, en contra de lo que sostuvo la Policía Nacional en la investigación.
De esta forma, de un «macrojuicio» con 22 acusados y cerca de dos kilos de cocaína incautados, la Audiencia se encuentra juzgando hechos por algo más de medio kilo de esa sustancia y por distribución a mediana y pequeña escala a cinco acusados.
En la próxima sesión declararán una docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación, hace ya una década.
