La consellera de Agricultura, Medio Ambiente Elena Cebrián, ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura para pedirle que «agilice» los trámites técnicos y administrativos necesarios para que la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) «pueda rendir al máximo de su capacidad a la mayor brevedad posible». En la misiva, Cebrián explica a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la importancia que tiene para los agricultores del Segura aprovechar «al máximo» la producción de agua de la desaladora de Torrevieja, que es la mayor de Europa, y en la actualidad se encuentra «al 35% de su capacidad», según indicó la Generalitat en un comunicado.

La titular autonómica de Agricultura considera que «no puede desaprovecharse una instalación tan costosa, que es la única que permite distribuir los recursos por la zona regable del travase Tajo-Segura, y que en caso de mantenerse la actual situación de sequía, tal como apuntan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se enfrentaría a una gravísima situación de falta de agua en los próximos meses».

Además, ante el elevado consumo energético y el impacto ambiental de las emisiones de CO2, la consellera solicita que el ministerio utilice energías alternativas para los procesos de desalación, «aprovechando la oportunidad para el uso de energías limpias y baratas en la gestión del agua».

Investigación judicial

Por otra parte y dado que la planta de Torrevieja es una de las infraestructuras incluidas respecto a la investigación judicial sobre Acuamed, Elena Cebrián ha solicitado a la ministra información del progreso de la investigación y de su efecto sobre el funcionamiento y la operatividad de la desaladora. La desalinizadora va a producir en un año 30 hectómetros. La planta no produce más no tanto porque no tenga capacidad para hacerlo desde el punto de vista energético -podría elevar la generación de agua hasta 60 hectómetros- sino por el hecho de que cada metro cúbico de agua que distribuye debe estar subvencionado por el Gobierno para que los regantes acepten ese agua, que todavía así es más cara que la procedente del trasvase.