«Del agua para todos» al «Agua que nos une». El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) quiso ayer escenificar unidad «al margen de ideologías», acorde con este tiempo sin mayorías, para reclamar el mantenimiento de los vitales aportes del acueducto para la agricultura y la economía de la provincia y Murcia en un acto del denominado Foro Pro Agua en Los Montesinos bajo el lema «Agua que nos une». Para ello, a los habituales apoyos de los representantes de buena parte de los alcaldes de municipios de la Vega, en especial los gobernados por el PP, pero también del PSOE, y del presidente de la Diputación, César Sánchez (PP), logró cosechar el del mundo universitario, encabezado por el prestigio de Antonio Gil Olcina, integrante a su vez del Foro Agua.
El presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar, instó a crear un frente «popular» en defensa del trasvase y recordó que no hace tanto tiempo, a finales de los 80, la parte de la comarca a la que no llegaba agua del río era un erial y la mayoría de los municipios, como Torrevieja y Guardamar, no tenían garantizado el suministro doméstico. Algo que logró el Trasvase Tajo Segura. Andújar reclamó «una plataforma y un sistema técnico, jurídico y empresarial para dotar de estudios y proyectos las necesidades del sureste y el trasvase Tajo-Segura».
En el acto se cuestionó que Castilla La Mancha trate a la junta directiva del Sindicato Central de Regantes como «ladrones» y «especuladores». En un mensaje conciliador con los regantes tradicionales, -se encontraban en el acto presentes algunos Jueces de Aguas que han reclamado que no se utilice el agua del Segura para cederla a los agricultores del Trasvase-, Andújar admitió que la agricultura que creció con aguas del Tajo durante tres décadas no podrá nunca depender de los caudales del río Segura, por lo que hay que trabajar por mantener el Trasvase. El profesor emérito y rector honorífico de la Universidad de Alicante (UA), Antonio Gil Olcina reclamó la «unidad» en la defensa del trasvase, «independientemente del color político».
40.000 empleos
Por su parte el presidente de la Diputación César Sánchez aseguró que la paralización del trasvase Tajo-Segura y el incumplimiento del memorándum supondrían perder más de 40.000 puestos de trabajo, 1,5 millones de toneladas de productos agrícolas y 650 millones de euros de facturación. Cifras que ratificaron los regantes, entre los que se encontraban ayer en la sede de la entidad en Los Montesinos representantes de comunidades de Cartagena, Lorca y Almería. Para Sánchez «aumenta el riesgo de desertización» y afectaría a «nuestro ecosistema». El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, también presente, no intervino. «No nos están regalando nada. El agua se está pagando y no podemos permitir que se nos niegue el agua porque es de todos los españoles», dijo César Sánchez. El gobierno provincial tiene previsto realizar 4,5 millones de euros en inversiones para paliar la situación de sequía solo en 2016. Gracias a los remanentes de tesorería, a lo largo de este ejercicio se impulsarán otras actuaciones en el marco de un nuevo plan de obras financieramente sostenible.
La Diputación recordó ayer el anuncio de la puesta en marcha de una Cátedra del Agua, en la que se va a trabajar en las próximas fechas, para que la provincia «sea la universidad en materia de agua a nivel internacional donde se pueda trabajar y avanzar».
