El municipio de Rafal (4.000 habitantes) pagará todos los meses cerca de 5.000 euros a dos empresas para recibir asesoramiento en materia jurídica y de urbanismo. El Ayuntamiento, gobernado por el socialista Manuel Pineda, ha contratado recientemente a una mercantil para realizar esa tarea en materia urbanística por un montante que ronda los 1.500 euros al mes más IVA, una decisión que la oposición del PP tilda de disparatada teniendo en cuenta de que se trata de un pequeño municipio.
La portavoz del PP, Lola Navarro, apuntó que el Ayuntamiento cuenta con un funcionario técnico en materia de Urbanismo, pagado por la Diputación de Alicante, que se encarga de realizar esa labor de asesoramiento, por lo que no se explica por qué el regidor ha decidido ahora contratar a una mercantil para que desempeñe esa función.
«Vivimos en un pueblo de cerca de 4.000 habitantes y tenemos un alcalde que necesita pagar todos los meses casi 5.000 euros, incluyendo el IVA, para que lo asesoren. Qué triste», manifestó la portavoz del grupo popular.
Por su parte, el regidor defendió que el técnico de la Diputación tan sólo visita el Ayuntamiento un día a la semana y no puede realizar todo el trabajo que se acumula en el Ayuntamiento.
«Hay expedientes que están atascados hasta un año y hay que dar ese servicio a los vecinos», apostilló Pineda. El primer edil apuntó que la contratación de la empresa de asesoría urbanística se ha realizado mediante un contrato menor y estará en vigor durante todo el 2016. Asimismo dijo que la mercantil que presta el asesoramiento jurídico también realiza funciones relacionados con el ámbito judicial y mantiene un presupuesto cerrado, por lo que «el Ayuntamiento puede contar con sus servicios para todo lo que necesite».
