La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 10 años y seis meses de prisión para el excontable del Ayuntamiento de Catral, Juan C. LL., por apropiarse de casi 10.000 euros de dinero público al manipular supuestamente la contabilidad municipal y realizar desvíos de dinero a sus cuentas bancarias. Por estos hechos se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. El mismo escrito de acusación apunta que el exalcalde, Aurelio Albero (PP), pudo cometer un delito de prevaricación por la contratación ilegal de ese técnico, y el Ministerio Fiscal ha pedido para el exregidor una pena de 12 años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
Este caso de presunta corrupción está siendo investigado por el juzgado de instrucción Número 2 de Orihuela y el Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio oral. Además, ha pedido que el exregidor Albero y el excontable sean condenados en concepto de responsabilidad civil y que indemnicen de forma conjunta al Ayuntamiento por los sueldos que se pagaron al técnico, contratado de forma irregular, que ascienden a 43.656 euros. También se ha solicitado que Juan C. LL. devuelva los casi 10.000 euros de los que al parecer se apropió de forma ilícita y que sea inhabilitado 28 años para poder prestar funciones de asesoramiento en materia de contabilidad, gestión económica y control de tesorería en cualquier administración pública.
«Darle un cargo»
El destacamento fiscal recoge en su escrito que tras las elecciones de 2011 el PP de Catral obtuvo seis concejales, mientras que el número siete de la lista, Juan C. LL., quedó fuera de la Corporación. Desde ese momento Aurelio Albero «tenía la firme voluntad de darle, bajo cualquier pretexto y pese a que ello supusiera el quebranto de la ley, un cargo en el Consistorio». Aunque el secretario informó al regidor que no podía contratarlo como personal de confianza sin el visto bueno del Pleno, éste lo hizo «y era consciente de la ilegalidad que cometía». Un mes después el regidor se vio obligado a rescindir ese contrato, pero el técnico siguió cobrando del Ayuntamiento, primero mediante facturas por la contratación de sus servicios, y luego adjudicándole un contrato menor por cuatro meses. Y una vez acabado, Aurelio Albero «abusando de su función de alcalde» le mantuvo la atribución del cargo desde enero de 2012 hasta marzo de 2013, cuando el PP fue desalojado de la Alcaldía mediante una moción de censura.
Albero como regidor «adjudicó al técnico funciones esenciales en materia de contabilidad, intervención y tesorería que debían de haber sido adjudicadas y ejercidas, dada su importancia, por un funcionario público y no por un trabajador eventual», prosigue el fiscal. El mismo apunta que gracias a esa maniobra, el técnico disponía de las claves bancarias que permitían la disposición de los fondos del Ayuntamiento.
El escrito prosigue que el excontable «actuando con el propósito de enriquecerse injustamente distrajo e hizo suyos hasta 9.917,20 euros de las cuentas municipales, para lo cual alteró los correspondientes apuntes contables en el programa informático que gestiona la actividad económica del consistorio, del cual tenía «absoluto control». El fiscal detalla que el 5 de octubre de 2012 se apropió de 2.380,50 euros; el 23 de octubre de ese año de otros 4.663,20 euros; y el 9 de enero de 2013 realizó dos transferencias más, una de 1.770,50 euros y otra de 1.103 euros a otra cuenta de la que es titular él y su mujer, quien figura en el escrito de acusación como partícipe a título lucrativo.
Transferencias ilegales
La Fiscalía Anticorrupción concluye que el técnico utilizó siempre la misma fórmula para apropiarse de esas transferencias: «Realizar una búsqueda en el sistema informático de aquellas obligaciones con proveedores del consistorio que, pese a haber sido satisfechas, no se había hecho constar en la contabilidad municipal. Así, realizaba las manipulaciones y alteraciones en los documentos generados... y acordaba el pago a su favor, empleando las claves que le habían sido facilitadas... por indicación del regidor».
El fiscal estima que los perjuicios generados para el Ayuntamiento no sólo ascienden a los casi 10.000 euros «de los que el acusado se apropió gracias a la ilícita adjudicación de servicios que realizó a su favor Aurelio Albero, sino también a los pagos realizados por el consistorio a favor del técnico fuera de cobertura contractual y como consecuencia de la directa y mendaz, por ser claramente arbitraria, atribución de servicios que el alcalde realizó a su favor».
La denuncia por estos hechos la interpuso el propio Ayuntamiento. El equipo de gobierno que cogió las riendas tras la moción de censura en marzo de 2013 detectó esta práctica fraudulenta y lo puso en conocimiento del juzgado. Los actuales responsables municipales (Alternativa por Catral y PSOE) declinaron ayer realizar cualquier tipo de declaración y se limitaron a decir que su obligación era denunciar el caso al haberse visto perjudicados los intereses del municipio.
