La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Orihuela realizó ayer una protesta a las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad, donde se celebraba un juicio en la que está acusada una familia con dos hijos y distintas minusvalías, según apuntaron desde la plataforma, por un delito de usurpación de vivienda tras una denuncia del BBVA «pese a que se encuentra en proceso de negociación el alquiler social» de la misma, según apuntó la PAH. La entidad bancaria reclama una multa de dos euros diarios durante tres meses y el desalojo forzoso de la vivienda en un plazo de siete diete días, «todo ello pese haberse acreditado la situación al borde de la exclusión social de esta familia». La entidad bancaria no se pronunció ayer sobre estos hechos.

La plataforma se mostró optimista tras el juicio, pues «escuchó a los compañeros denunciados, Nancy y Jesús, muy atento, admitiendo las pruebas documentales propuestas por la defensa», aseguran. Sin embargo, tras la celebración del juicio, una treintena de miembros de la plataforma acudieron a la sede central del BBVA, entidad, demandada, de Orihuela, como forma de presión.

Hace algunas semanas, en una protesta coordinada con todas las PAHs de la provincia, el colectivo consiguió cerrar las tres sucursales del banco en la ciudad. Ayer, como medida de precaución, la sede central de este banco ya se encontraba cerrada a la llegada de los manifestantes, por lo que la PAH optó por acudir a la oficina situada en Los Andenes. Esta vez, la Policía identificó a varios miembros de la plataforma, que según afirmaron «amenazaron con aplicar la Ley Mordaza si no abandonaban la entidad», por lo que optaron por pedir una hoja de reclamaciones. Un documento que, según los manifestantes, no fue facilitado por la entidad, por lo que optaron por presentan una escrito en el la oficina de Consumo.

Ante el revuelo, desde la plataforma aseguraron que finalmente contactaron con un directivo de la sucursal que se comprometió a estudiar el caso, aunque lamentan que este tipo de respuestas sean la excepción y no la norma, y que tan solo se den en casos donde el revuelo mediático perjudica la imagen del banco mientras que en el resto se comportan «de forma inhumana, injusta y usurera», por lo que aseguran que seguirán denunciando cada caso.