Dos altos cargos de la Generalitat se han apartado de manera voluntaria, según el Consell, de la supervisión de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Los Montesinos después de que el jefe de Urbanismo los implicara en supuestas irregularidades en la gestión de ese procedimiento, investigado por un juzgado de Torrevieja y que se suma a una causa abierta en 2012 sobre supuestas irregularidades en la gestión urbana del municipio.
Desde ahora los funcionarios Carlos Aubán Nogués, jefe de Servicio de Ordenación del Territorio, y Vicente Doménech, subdirector general de Ordenación del Territorio, se abstendrán a la hora de informar sobre el polémico proyecto de revisiónproyecto . Según el subsecretario de la Conselleria de Territorio Francesc Signes «han sido los interesados quienes, por iniciativa propia, han presentado ante la Dirección General de Ordenación del Territorio el escrito de abstención que ha sido aceptado por el director general». Del escrito se deriva que es una decisión de los afectados que la Generalitat no considera que hayan actuado de forma irregular.
El jefe de Urbanismo local comunicó a la Generalitat que ambos altos cargos habían aceptado en sus informes cálculos supuestamente erróneos sobre el suelo urbano consolidado en el municipio en los últimos veinte años. Con esas cifras el Ayuntamiento, a través del equipo externo de redacción del Plan General, y en contra del criterio técnico municipal, podría aumentar las previsiones de demanda de suelo a urbanizar futuro. En su denuncia decía que se «habría intentado recrear artificiosamente la existencia de una demanda de vivienda irreal». En concreto, la empresa redactora del PGOU, justificaba que se clasificara como urbanizable un millón de metros cuadrados con un estudio en el que indicaba que en los últimos 19 años, entre 1995 y 2014, se habían consolidado con viviendas residenciales 680.000 metros cuadrados. Dato que según la denuncia, Aubán «aceptó sin rechistar»y que el denunciante rebatió asegurando que hasta la mitad de esos terrenos siguen sin urbanizar y buena parte de las áreas residenciales sí consolidadas no han encontrado mercados. Además, la Generalitat, en el escrito en el que anuncia la abstención de ambos técnicos, anuncia que se ha personado el procedimiento judicial aunque, en un principio, con el único objetivo de conocer «cualquier medida o resolución» relacionada con la causa judicial o su finalización y si afecta finalmente a sus técnicos.
Signes apunta a que no puede atender la solicitud de que se les abra expediente disciplinario a ambos altos cargos sin conocer la resolución del procedimiento penal.
Crecer
Además de justificar la futura demanda de suelo residencial para este municipio de 5.000 vecinos, los técnicos de la empresa redactora, también plantearon, sin éxito, argumentar el aumento de la reclasificación de suelo en la carencia de solares urbanos en la vecina localidad de Torrevieja -que cuenta con una bolsa de suelo sin urbanizar pero aprobada en La Hoya-.
La primera exposición pública del planeamiento, a finales de 2010, recogía liberar casi tres millones de metros cuadrados con capacidad para 13.000 casas. La segunda, ya con la investigación en marcha sobre supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio, a dos. La siguiente a un millón -justificada, entre otros aspectos con el supuesto agotamiento del suelo urbano en la vecina Torrevieja- y ahora deberá rebajarse todavía más.
