TRIBUNA
A Sotavento

En un reino de taifas

14.02.2016 | 10:10
En un reino de taifas

«Me cago en la presidencia del cielo y un metro más arriba, por si queda alguien». Esta podría ser una muestra de la sarta de blasfemias diarias proferidas por aquel vecino de Torrevieja -cuando blasfemar estaba prohibido-. Ahora casi nadie se molesta en destinar insultos a las divinidades. Despotrican, cada vez con más frecuencia, mirando a los «de arriba», es decir: Arremeten contra las personas con poder de decisión, quienes curiosamente ocupan, por lo general, las plantas más altas de los edificios. La introducción de esta columna viene a cuento porque últimamente se están acentuando las críticas dirigidas al alto funcionariado del Ayuntamiento de Torrevieja.


Lo primero que hizo José Manuel Dolón al tomar posesión como alcalde fue saludar, casi uno a uno, a los funcionarios, y animarles a trasladar cómo podía hacer para que la maquinaria municipal funcionara mejor y ellos estuvieran a gusto con su trabajo. Sabía lo que se jugaba.


Pero ocho meses después, el malestar con el organigrama administrativo se palpa en el ambiente. Se debe, aseguran fuentes municipales, a que los políticos con mando se sienten «con las manos atadas» ante la lentitud desesperante a la hora de sacar adelante los expedientes necesarios para el normal funcionamiento de la casa Consistorial -una de las «empresas» más importantes de Torrevieja, más de 600 trabajadores fijos, casi 30 millones de euros de gasto anuales en sueldos-.


Y lo que quizá es más grave, por las constantes contradicciones en la que incurren varios departamentos cuando deben informar sobre el mismo asunto -casi siempre, Contratación, Secretaría y Recursos Humanos, aledaños de la quinta planta e Intervención-. Ahora comprendo, y el actual equipo de gobierno creo que también lo comprenderá, por qué el PP, en muchas ocasiones, terminaba pasándose por el forro de la entrepierna el criterio de los técnicos, a pesar de que los actuales gobernantes les sacaran los colores por ello. Decían que el PP era «incompetente». Había mucha incompetencia, sí, más peligrosa, a veces, que la corrupción. También muchos que aprovechaban el «no» de los funcionarios para justificar sus tropelías, dedazos y demás. Pero también estaba esa exigencia de los funcionarios -sin un objetivo claro-, muy atenta a la interpretación de la letra de legislación y tan alejada del sentido común.


Ahora van por el alambre los del «penta» para no caer en situaciones alegales y aún así se dan más de un costalazo por verse obligados a hacer lo mismo que tan crudamente y durante tantos años criticaron. La disyuntiva es: «O paralizo esto porque dicen que es irregular y no se hace, o lo saco adelante de cualquier manera». Y eso hasta para el más mínimo gasto. Más de un concejal debe aportar de su bolsillo porque tener previsto un gasto puntual 40 euros con seis meses de antelación, para abrir un expediente de contratación, hacer una reserva de crédito o justificar un vale, es hilar fino -y no hay hábito-.


Quienes llevan la manija del gobierno cuentan con dotes de mando para revertir esta situación, pero volviendo la vista atrás recuerdo al trueno del exalcalde Pedro Hernández Mateo, quien no llegó a conseguirlo o se aburrió de intentarlo. De aquel periodo a éste se han producido cambios sustanciales en la legislación, -que afortunadamente limita más para que no nos roben, y la justicia, que persigue, algo más, el delito. Ahora hay un funcionario, en este caso funcionaria, a la que se le pueden exigir responsabilidades penales personales, en caso de producirse en su departamento algún «desaguisao» u operación ilegal o alegal. Es lógico que la interventora se la coja con papel de fumar, máxime si alguna vez, como ha ocurrido, le intentan a dar gato por liebre. Ella, al menos, parece que va de cara. Luego, una parte del personal parece haber sido atacada por un virus que acentúa el ya por sí farragoso proceso administrativo. Algo así como un paroxismo de celo, nada que ver con el estilo del Japón, donde la protesta dobla el rendimiento de los trabajadores.


La administración tiene la obligación de garantizar que todo se haga dentro de la legalidad, los político de solucionar problemas con la mayor agilidad posible, que es lo que quieren los vecinos. Lograr el punto medio entre ambas aspiraciones esa casi misión imposible en este ayuntamiento.


Pero los políticos, comienzan a intentar poner orden empezando por los últimos de la fila. Ha ocurrido con el tema de las incompatibilidades. Llega un señor ingeniero a secretario de grupo de C´s y se tiene que ir por incompatibilidad, pese a situaciones flagrantes de incompatibilidad -legal por invisible, claro- de funcionarios, de esos que están por las alturas.


El «penta» alega que 27 años todo manga por hombro no se arreglan en ocho meses. He mantenido durante mucho tiempo que los ayuntamientos funcionan gracias a los funcionarios y pese a los políticos. Ahora los políticos sin colaboración de los funcionarios, ya pueden porfiar. Andarán a trancas y barrancas. Con el motor «gripao».

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