La Cofradía de Pescadores de Torrevieja desembolsa un total de 65.000 euros al año a la Generalitat Valenciana en concepto de canon por el uso del dominio público del puerto y otras tarifas y recibe a cambio unos servicios mínimos muy deficientes. Algo que repercute directamente en la lamentable imagen que, en ocasiones, ofrecen estas instalaciones y sus alrededores, justo en una de las zonas con mayor atractivo turístico de la ciudad.
65.000 euros al año además por una concesión en precario de un año. Desde que la Generalitat asumiera, hace más de 10 años, la competencia del puerto que antes gestionaba el Estado, la concesión se renueva de forma tácita de año a año. Lo que significa que la administración puede echar a los pescadores de sus actuales instalaciones en cualquier momento si así lo estima oportuno. Algo que en su día se justificó en las previsiones de remodelación de la fachada marítima que supuestamente hacen prescindibles las lonja de subasta, fábrica de hielo y otras instalaciones ligadas con la actividad pesquera, porque su espacio lo iban a ocupar zonas verdes, de ocio, negocios comerciales o equipamientos.
Todos los ejercicios la Cofradía de Pescadores abona 8.000 euros de un porcentaje del valor de la facturación de la venta de las capturas en la subasta de la lonja- dos euros por cada mil en facturación-; otros 7.000 euros por la concesión del edificio de la fábrica de hielo -construido a finales de los ochenta en una explanada distinta a la lonja, con la promesa incumplida de que la flota estrenaría una nueva lonja en un edificio anexo-; 6.000 euros por el espacio en el que se ubica la estación de servicio de combustible para el repostaje de las embarcaciones; más, por otra parte, un 1% del total de la venta en lonja de cada una de las embarcaciones que faenan en Torrevieja, en torno a otros cuarenta mil euros. Cifra ésta última derivada de los cuatro millones de facturación que genera la actividad del puerto de embarcaciones de cerco más importante del sur de la provincia y Murcia.
Promesas
A cambio de este esfuerzo económico, la Cofradía apenas recibe un servicio de limpieza del exterior de sus dependencias, dos días a la semana y que provoca acumulaciones de cientos de cajas de pescado usadas justo en la zona de paso de visitantes a los museos flotantes, el puerto deportivo Marina Salinas, el pailebote Pascual Flores y frente al popular y concurrido paseo del dique de Levante. La Cofradía debe hacer frente, por ejemplo, al gasto por la contratación de la retirada de residuos no orgánicos como aceites y redes. Supuestamente y ante la perspectiva de ejecución de esa remodelación que iba a abrir el puerto al casco urbano -tantas veces anunciado y tantas paralizado-, el muelle pesquero y la lonja deberían reubicarse en torno al pequeño dique construido en el dique de Poniente en 2008. A todas luces con un espejo de agua muy reducido y que carece, a día de hoy, de todos los servicios requeridos para sostener la lonja y la Cofradía, como el propio edificio de subastas, la fábrica de hielo o un varadero, entre otros. «No nos vamos a mover de aquí si no tenemos las instalaciones garantizadas», advierte, de nuevo, el patrón mayor Pedro Carmona.
