El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torrevieja modificará los criterios de baremación para otorgar licencias de puntos de venta en mercadillos, porque los actuales «rozan la inconstitucionalidad», según la portavoz del equipo de gobierno Fanny Serrano (PSOE). Entre los criterios que los anteriores gobiernos del PP manejaban para adjudicar las plazas se valoraba con más puntos, por ejemplo, que los solicitantes fueran ciudadanos comunitarios pertenecientes a la Unión Europea -y se penalizaba de esa forma las ofertas del resto-.
Otro de los criterios baremaba la supuesta profesionalidad de los vendedores ambulantes a la hora ofertar determinados artículos, algo muy difícil de determinar objetivamente, y que el gobierno actual no acaba de entender cómo podían valorarlo los técnicos en procedimientos anteriores.
Por su parte, la edil de Mercados, África Celdrán (PSOE), dijo ayer que la modificación se abordará el próximo lunes y ha detallado que «alguno» de los criterios de baremación podría ir en contra la Constitución ya que otorga más puntos a los ciudadanos europeos. El primer criterio señala que los ciudadanos de países de la Unión Europea sumarán un punto, que no se contabilizará para el resto de ciudadanos lo que supone una diferencia que a ojos del equipo de gobierno «puede rozar la inconstitucionalidad» ya que no puede «prevalecer discriminación alguna».
La concejala ha manifestado «no nos ha gustado la manera de baremar, de dar los puntos para que los vendedores puedan acceder a un puesto», y ha opinado que la baremación puede ser «muy mejorable». La gobierno estudiará «en profundidad» los criterios y planteará a los técnicos las modificaciones en una reunión el próximo lunes para redactar unas bases que sean «un poquito más justas». En torno a mil puestos se ubican en los mercadillos de Torrevieja y La Mata. La demanda por las vacantes es importante.
Celdrán recordó por otra parte, que el mercadillo de los viernes saldrá de las calles y se reubicará en el Recinto Ferial y de Mercados Antonio Soria, en el que los vendedores accederán «a mejores infraestructuras, mayor seguridad». La junta de gobierno aprobó ayer, por otra parte, la actualización de la ordenanza fiscal para adecuar los precios al traslado que se realizará al nuevo recinto en los próximos meses sin que el gobierno local especificara el aumento o rebaja por metro cuadrado que supone ese cambio.
