El Ayuntamiento de Rojales, presidido por el regidor Antonio Pérez (PSOE), abonó durante la pasada legislatura más de 300.000 euros a una misma empresa en concepto de trabajos de mantenimiento del servicio de iluminación viaria. Las facturas se pagaron a pesar de los continuos reparos de los órganos de Tesorería e Intervención, que advirtieron en múltiples ocasiones que debido al importe de las facturas y la duración del servicio el consistorio estaba incumpliendo la legislación puesto que debía de salir a licitación pública ya que se estaba omitiendo el trámite establecido. Ahora la oposición del PP y Pader ha forzado la celebración de un pleno extraordinario pidiendo informes para que se clarifique la legalidad de los reiterados pagos realizados a la mercantil entre 2011 y 2015 y las posibles responsabilidades de la citada actuación.

El portavoz del PP, Alberto Ros, y el del Pader, Desiderio Aráez, coincidieron ayer en que por ahora desconocen a cuánto asciende el volumen total del gasto facturado por la empresa que se ocupa del mantenimiento del alumbrado público, aunque calcularon que durante los últimos cuatro años podrían haber sido más de 300.000 euros si se tiene en cuenta que mensualmente se abonan importes que en ocasiones rebasan los 6.000 euros. En este sentido, el pleno extraordinario servirá para encargar a los funcionarios municipales los informes que cifren el total de la facturación abonada a esa empresa, pidiendo además «que se pronuncien expresamente sobre las posibles responsabilidades derivadas de la situación y las fórmulas adecuadas para poner fin a la misma y regularizar el servicio».

Expediente de contratación

El regidor supo durante toda la pasada legislatura de la necesidad de sacar a licitación el servicio puesto que ya en mayo de 2012 el Pader expuso en un pleno esta presunta irregularidad, que fue advertida reiteradamente con los reparos de Secretaría e Intervención. Sin embargo, no fue hasta el 4 de noviembre de 2015 cuando el primer edil firmó un decreto pidiendo que se tramitara un expediente administrativo de contratación para adjudicar por procedimiento abierto el servicio de mantenimiento del alumbrado público «debiendo redactarse los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y emitirse informe por la Secretaría e Intervención y certificando la existencia de crédito».

Aun así, el equipo de gobierno socialista, que cuenta con mayoría absoluta, no ha consignado ninguna partida presupuestaria para ese fin en el ejercicio de 2016. Según fuentes de la oposición, los técnicos municipales ya han elaborado un primer borrador de concurso público para adjudicar el servicio, pero en el pleno extraordinario en el que se abordará todo este asunto pedirán que se termine el trámite en un mes para poder regularizar la situación.

Ni el portavoz del PP ni el del Pader aclararon ayer si derivarán esta causa a los tribunales para que se depuren responsabilidades en el equipo de gobierno en el caso de que las haya.