La corporación de Callosa de Segura abordará en el pleno programado para mañana la anulación del contrato que mantiene el Ayuntamiento con la mercantil que explota el servicio de vallas y soportes publicitarios en la ciudad. Se trata de una recomendación de la secretaria municipal, que ha considerado en un informe que ese contrato es ilegal puesto que fue firmado por el PP en el año 2007 con una mercantil mientras debía de haber salido a licitación y no darse a dedo porque se trataba de una concesión administrativa.
Los tres equipos que conforman el equipo de gobierno (PSOE, IU y Somos) han decidido así proponer el cese de ese contrato al considerar que está siendo lesivo para el consistorio. La empresa concesionaria ha colocado durante los últimos 9 años hasta 49 soportes, 9 vallas y tres pantallas publicitarias en la localidad sin pagar ni un euro porque el anterior gobierno del PP le eximió de pagar tasas de ocupación de vía pública y tampoco se fijó ningún canon a favor del Ayuntamiento. Un negocio redondo si se tiene en cuenta que durante todo ese tiempo la mercantil ha podido obtener ingresos al cobrar a otras empresas por la colocación de anuncios publicitarios.
Según indicó entonces la secretaria, ese contrato firmado por el exalcalde Javier Pérez (PP), «no siguió el procedimiento legalmente establecido y adolece de vicio de nulidad de pleno derecho al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido». Todo ello « simulando un contrato menor cuando a todos luces nos encontramos ante una concesión administrativa», dictaminó la funcionaria. Ahora el equipo de gobierno quiere sacarlo a licitación para que puedan optar las empresas que estén interesadas en prestar ese servicio.
Nulidad
En el pleno se abordará asimismo la declaración de nulidad del contrato con la empresa que instaló una máquina de aire acondicionado en el Mercado de Abastos en 2013. Este asunto ha levantado una gran polémica en el municipio ya que, según desveló el tripartito, la mercantil que ofreció el servicio por un montante de 11.149 euros reclamó meses después el pago de 151.500 euros en intereses. La razón fue que en el contrato firmado por el entonces concejal Jaime Canales (PP) se fijaba que el consistorio pagaría 500 euros adicionales por cada día de retraso en el pago de la factura, y dicho abono se demoró casi 10 meses. Ahora los servicios jurídicos del consistorio han aconsejado anular el contrato para poder iniciar una batalla judicial contra la empresa con la finalidad de no tener que pagar esa cantidad en intereses.
Otro de los puntos que se tratarán en la sesión plenaria de mañana será la resolución de un expediente sancionador contra la empresa que gestiona el alumbrado público por incumplir el pliego de condiciones mediante el cual se adjudicó el servicio. Se propone una sanción que ronda los 14.000 euros por no haber cumplido los plazos de cambio de luminarias para pasarlas a tipo led o por no haber abierto una oficina en el municipio, entre otras cuestiones.
De igual forma se someterá a votación la creación de una comisión especial de investigación sobre los gastos e ingresos relativos a obras subvencionadas.
