Una promotora ha abonado los 1,3 millones de euros necesarios para hacerse con la condición de agente urbanizador del sector ZO-9 «El Mirador», situado entre la zona forestal del Recorral de Rojales y la carretera del Campico de Guardamar, con vistas a la laguna de La Mata. Es un ambicioso desarrollo urbanístico contemplado en la revisión del Plan General de 2007 y rubricado en 2006, en pleno boom inmobiliario. En aquel momento, el promotor de la Vega Baja, Francisco Gómez -«El Paloma»- se comprometió a abonar al Ayuntamiento 2,3 millones de euros a través de un convenio urbanístico a cambio de consolidar su condición de agente urbanizador. Las empresas de este conocido constructor, que opera bajo las firmas de Torrevieja 93 e Ivercom, atravesaron dificultades económicas, como otras tantas grandes y medianas del sector de construcción de vivienda turística. Problemas que derivaron en un concurso de acreedores. Otra empresa de la comarca, Área Blanca Estates, se ha hecho con los derechos de la anterior y el pasado viernes el Ayuntamiento anunció que ha hecho efectivo el pago pendiente.
Las obras de urbanización sobre más de seiscientos cincuenta mil metros cuadrados comenzarán en el mes de abril, según ha podido confirmar este diario. La urbanización, con capacidad máxima para albergar en un futuro a más de seis mil nuevos habitantes afecta a docenas de pequeños propietarios del Campico que deberán renunciar a casas de campo, huertos y bancales de árboles frutales y que ya recibieron en su momento, aunque no todos, un anticipo de pago por sus terrenos. En el peor de los casos el proyecto afecta a viviendas levantadas fuera de ordenación que desaparecerán. En otros enclaves, se reducen las parcelas de las casas de campo legalizadas, que han aportado a cambio suelos para abonar los costes de urbanización y que ahora conservan otros con la calificación de urbanos y que podrán vender a su vez a los promotores cuando comiencen a urbanizarse las manzanas de suelo urbano resultantes.
Una «buena noticia»
Los límites entre Rojales y Guardamar en esta misma zona están pendientes de clarificar, según recoge una denuncia ante la Sindicatura de Agravios. La entidad tramitó en 2014 una queja formal porque una vecina recibió licencia para realizar obras por parte del Ayuntamiento de Rojales, pero poco después fue sancionada por el Ayuntamiento de Guardamar que consideraba la actuación estaba en su término municipal, y afectaba al planeamiento del Mirador.
El equipo de gobierno del PSOE se limitó el viernes a informar sobre el pago de la compensación pendiente en el convenio con un escueto comunicado de prensa en el que «se felicitaba» a los guardamarencos. La nota no describía ni las actuaciones a realizar, ni la dimensión de la macrourbanización, capaz de albergar a una población que supone más de un tercio de la que vive ahora en Guardamar, ni en concepto de qué recibe el Ayuntamiento ese dinero, concretado en un convenio negociado antes de la aprobación del actual PGOU en 2007.
El PGOU ...de Albatera
La página web del Ayuntamiento ofrece una información muy básica sobre ese PGOU. Cumple los mínimos legales de exposición de información, a los que se accede, además, a través de los nombres de cada uno de los concejales, pero con errores de bulto. El principal es que ofrece en el enlace en el que debería recoger la información pública de ordenación pormenorizada del PGOU Guardamar, aparece la memoria informativa del PGOU del término municipal de Albatera, un municipio situado en el otro extremo de la comarca. Un documento firmado por el despacho «IAC Romero y Ros» y que nada tiene que ver con el municipio de Guardamar.
