El PSOE de San Fulgencio ha registrado una denuncia en los juzgados de Orihuela para aclarar si es legal que el Ayuntamiento mantenga casi cuatro años el servicio de la basura con una empresa con la cual acabó la relación contractual el 12 de marzo de 2012, al cumplirse diez años del contrato. En este tiempo, el municipio ha mantenido el servicio con la misma mercantil y le ha abonado un total de 2,8 millones de euros. Los socialistas, en una denuncia que firma Alejandro Sampere, mantienen que el contrato con la mercantil Ginssa no tenía la posibilidad de prórroga, pese a lo cual se ha mantenido una relación extracontractual en el que, además, se han ido eliminando servicios prometidos en las cláusulas de aquel acuerdo por diez años que se firmó en 2002.
El Ayuntamiento, de hecho, dio cuenta en una junta de gobierno de 3 de noviembre de 2011 de la próxima extinción del contrato, algo que había que comunicar a la mercantil con la antelación suficiente al tiempo que se debía notificar a los técnicos municipales, «a los efectos oportunos». Cinco meses más tarde, el 23 de febrero de 2012, la misma junta de gobierno acordó comunicar a la mercantil Ginssa Gestión Industrial de Servicios SA sobre la continuidad del servicio «hasta nueva adjudicación». Para ello, según la denuncia, el equipo de gobierno del PP que encabeza Carlos Ramírez se valió del artículo 127.1.a del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que dice que «el Ayuntamiento puede variar discrecionalmente el tiempo de los servicios concedidos». La junta también atendía a que aquello era una decisión que había que adoptar de forma «urgente, a la vista de la inminencia de la extinción del contrato». Desde entonces han pasado 46 meses y el Ayuntamiento no ha sacado a licitación el nuevo; es decir, se sigue pagando a la mercantil. La oposición ha pedido al alcalde que resuelva esta situación sin encontrar respuesta.
La denuncia añade que en mayo de 2013 el regidor dirigió un escrito al fiscal jefe de Elche en el que defendía su actuación en este asunto con base en un informe emitido por un técnico de la casa y, que entre otros argumentos, culpaba a la «indefinición o situación legal del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Zona XVII», algo que la denuncia duda que tenga mucho que ver porque el contrato al que hace referencia es sobre la recogida, no sobre el tratamiento. En cualquier caso, lo que es cierto es que el Plan de Gestión de Residuos sigue a día de hoy tan incierto como lo estaban en 2013, cuando el alcalde se dirigió al Ministerio Público con este escrito.
La oposición continúa en el mismo escrito al juez con una serie de deficiencias que supuestamente tiene el servicio actual, como carecer de un camión lava-contenedores o no cumplir con la frecuencia de la recogida de residuos sólidos que se contemplaba en el pliego; a pesar de ello, el precio de la tasa ha subido en dos ocasiones, en 2013 y 2015.
El diario ya publicó esta semana que todos los grupos de la oposición han presentado un escrito en el Ayuntamiento, que firman Samantja Jayne Hull, Rosario Mejías (PIPN), Alejandro Sampere, Dennis Pilkington (PSOE) y Joel Noche (UPyD) por el cual solicitan tres informes sobre este contrato al secretario, un técnico y la interventora. Añadiendo que este no era el único caso que, en su opinión, puede ser irregular, y citaron la relación con la UTE Sice-Inditec, que lleva el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y ajardinadas.
Prevaricación
En el escrito advierten que se puede estar produciendo un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos porque no se está cumpliendo lo que decía el contrato inicial (que ya venció). Así, al secretario se le reclama un informe sobre la situación en la que se encuentran ambos contratos, al técnico municipal otro en relación al cumplimiento de las cláusulas de los contratos «en la actualidad expirados» y a la interventora municipal que emita un informe en relación con los pagos realizados fuera de contrato y «si se le ha pagado a dichas empresas otra factura por cualquier otro concepto no contemplado en los contratos, así como si el Consistorio de San Fulgencio ha pagado a cualquier otra empresa por trabajos que tenían que haber realizado estas».
