Municipalización. El debate sobre si el servicio de recogida de basura de Torrevieja debe prestarse a través de una gestión directa municipal o la adjudicación de la contrata a una empresa ya está resuelto, al menos, por la vía de los plazos. Según la legislación de contratos públicos un expediente para la gestión indirecta de la contrata exige un procedimiento de concurso abierto que necesita un plazo de tramitación estimado, como mínimo de 140 días naturales, sin contar con las más que probables alegaciones, dilaciones en la entrega de documentación o a la hora de publicar los anuncios. Un mínimo de cuatro meses y medio desde que se inicia el procedimiento. Y ya no es de posible adjudicar a una empresa porque la actual contrata, Acciona, debe dejarlo, sí o sí, el 13 de junio próximo, dado que la empresa agota la segunda prórroga, tras cubrir los 10 años de adjudicación en 2014, y prepara su salida de la ciudad -algo que se hace notar en la prestación del servicio diario-.
El equipo de gobierno decidió archivar los procedimientos iniciados por el anterior equipo de gobierno del PP, que hubieran servido para darle continuidad a una posible tramitación indirecta y entrar en plazo.
Ahora, hasta someter al pleno cuál era su alternativa para ofrecer el mejor servicio de recogida y el más económico -el actual cuesta 15 millones de euros al año-; y pasar página de un asunto muy polémico, ligado a la corrupción, tras la entrada en prisión del exalcalde Pedro Hernández por el amaño de la actual contrata de Acciona y el incumplimiento, según los técnicos, de las condiciones del servicio.
Ese pleno, anunciado en diciembre como inminente, no se ha convocado. Ni tan siquiera la comisión informativa que debe dictaminar los informes técnicos en los que se indica cuál es la mejor opción. No está claro si la dilación ha sido buscada por el propio equipo de gobierno pentapartito para forzar que la municipalización sea la única alternativa posible, dado que esa es la apuesta de la mayoría de partidos que forman parte del gobierno local -a excepción de APTCe, que se postula por la adjudicación a una empresa-.
Fuentes de la Corporación indicaron que el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) ya está apuntando al mes de marzo para realizar ese pleno de debate, aunque casi todos los informes están sobre la mesa. Según las mismas fuentes, uno de estos documentos ha tenido que enmendar porque el área de Intervención presentó un análisis conjunto del proyecto de municipalización de las basuras y el transporte urbano y se ha solicitado ahora que se realice por separado.
Sueldos
Los sindicatos y la oposición del PP están cuestionando tanto la ausencia total de información como las consecuencias de una municipalización que inicialmente no se habían contemplado, como es el hecho de la posible rebaja de retribuciones al pasar los 210 trabajadores del convenio de una empresa a personal laboral indefinido no fijo, que además requiere un proceso selectivo. Los sindicatos creen que para el personal más veterano podría suponer una merma salarial de hasta 5.000 euros, algo que cuestionan desde el equipo de gobierno.
El gobierno de izquierdas argumenta la opción de la municipalización para acabar con cualquier rastro de corrupción en el proceso de adjudicación, ahorrar el IVA y el beneficio industrial al Ayuntamiento, y mantener todos los puestos de trabajo.
