Las 17 comunidades de regadío tradicional de la Vega Baja han acordado que llevarán a los tribunales a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por un presunto delito de prevaricación en caso de que acuerde ceder a los regantes del trasvase del Tajo 55 hectómetros cúbicos del agua que se mantiene acumulada en los embalses de la cuenca del Segura. Los agricultores consideran que ese recurso es esencial para garantizar sus cosechas y consideran que no es de recibo que mientras ellos riegan con aguas residuales se ceda a los otros un agua que les pertenece y que además es de mucha mejor calidad.
La CHS ha convocado hoy una reunión de su junta de gobierno y los agricultores temen que sea el primer paso para acordar esa cesión de agua. Por ello están dispuestos a plantar batalla en los juzgados. El coste de las acciones judiciales lo afrontarán todas las comunidades de regantes de la Vega aportando distintas cantidades en función de su extensión.
Según los regantes tradicionales el nivel total de reservas alcanza en estos momentos los 382 hectómetros, una cantidad que consideran fundamental para poder garantizar la viabilidad de sus cosechas durante las estaciones de primera y verano en caso de que, como en los últimos meses, apenas se registren precipitaciones.
Sindicatos como la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja) o La Unió de Llauradors respaldan la tesis que mantienen los regantes tradicionales de que la solución a la falta de agua de los regantes del trasvase del Tajo no puede proceder de las reservas del Segura. Mientras tanto los agricultores denuncian que están recibiendo presiones de los regantes del trasvase del Tajo para que les concedan 30 hectómetros de los embalses y 25 hectómetros de los pozos del sinclinal de Calasparra. A este respecto, defienden que los regantes del trasvase no pertenecen a la cuenca del Segura y sólo pueden utilizar el agua que les lleva desde el Tajo. Asimismo, mantienen que las extracciones del sinclinal deben realizarse con obligatorios estudios de impacto ambiental y recuerdan que ya el año pasado el Consejo de Ministros acordó excluir el citado trámite alegando que la situación de sequía era urgente y no había tiempo de realizarlos. Pero ahora, un año después, todo apunta a que podría darse la misma situación y los agricultores se preguntan por qué durante el último año no se han realizado los pertinentes estudios.
Impacto ambiental
El Instituto Geológico y Minero de España realizó en 2009 un trabajo sobre el sinclinal de Calasparra que determinó que extrayendo 30 hectómetros cúbicos para un uso neto de 25 hectómetros y una restitución al acuífero de cinco hectómetros, se precisaban 9 años para que los niveles de éste se recuperaran. Y el impacto ambiental no acaba ahí, sino que tras la extracción de agua del sinclinal, el manantial invierte su función y actúa como un sumidero, restando agua al cauce del Segura. Por ello consideran que se causaría un doble perjuicio a los regantes tradicionales, que podrían sufrir nuevas restricciones de agua a corto plazo y ver amenazadas sus cosechas en los próximos meses. Para evitarlo exigirán, si es necesario en los juzgados, que se busquen soluciones alternativas a la falta de agua de los regantes del trasvase.
