Cuatro grupos municipales en la oposición de San Fulgencio -PIPN, APSUF, PSOE y UPyD- han suscrito una moción conjunta en la que solicitan al alcalde, Carlos Ramírez (Partido Popular) la suspensión cautelar del Proyecto de Obras del Sector-2, El Oasis, y «la suspensión del cobro de las cuotas de urbanización que están pagando los vecinos». En el escrito, aseguran que el Plan Especial puede ser ilegal porque modifica las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El problema se suscita porque un informe técnico, que se realizó como contestación a una petición vecinal, explicaba el 2 octubre de 2014 que existían unos desajustes en la superficie del Sector 2 porque no coinciden con el Plan General. «Debido a esto -explican en la moción- se debería haber tramitado con carácter previo una modificación del Plan General o como se llama ahora un Plan de Ordenación Pormenorizada». Los ediles de la oposición recuerdan que un proyecto de urbanización no puede «en ningún caso» modificar las determinaciones del PGOU. La propuesta que el PP tendrá que aceptar o tumbar (para eso tiene mayoría absoluta) es paralizar cobros de las cuotas y el proyecto en sí hasta que se haga la modificación del PGOU.
Basuras
Los grupos de la oposición también han presentado un escrito en el Ayuntamiento, que firman Samantja Jayne Hull, Rosario Mejías (PIPN), Alejandro Sampere, Dennis Pilkington (PSOE) y Joel Noche (UPyD) por el cual solicitan tres informes: del secretario, de un técnico y de la interventora, sobre la situación de las basuras, que se está pagando «sin contrato vigente» a la empresa GINSSA, que se encarga de la limpieza viaria y de la recogida de residuos sólidos, al igual que la UTE Sice-Inditec, que lleva el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y ajardinadas de San Fulgencio.
En el escrito advierten que se puede estar produciendo un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos porque no se está cumpliendo lo que decía el contrato inicial (que ya venció). Así, al secretario se le reclama un informe sobre la situación en la que se encuentran ambos contratos, al técnico municipal otro en relación al cumplimiento de las cláusulas de los contratos «en la actualidad expirados» y a la interventora municipal que emita un informe en relación con los pagos realizados fuera de contrato y «si se le ha pagado a dichas empresas otra factura por cualquier otro concepto no contemplado en los contratos, así como si el Ayuntamiento de San Fulgencio ha pagado a cualquier otra empresa por trabajos que tenían que haber realizado estas».
Estas dos iniciativas demuestra una cohesión entre los cuatro grupos de la oposición, de muy distinto signo, para hacer campaña por primera vez contra el regidor que ha consolidado en este segundo mandato su mayoría hasta el punto de tener más de la mitad de votos en el pleno.
