El derribo de los edificios anexos al Ayuntamiento que debe permitir la ampliación de sus dependencias se ha retrasado de nuevo. En los últimos días, empleados municipales habían estado desalojando el edificio, que alojaba el servicio de notificaciones, además de desconectar la acometida de servicios. Ha sido la adecuación de la línea eléctrica de Iberdrola lo que más ha retrasado la puesta en servicio de actuación. La obra se va desarrollar junto al actual edificio Consistorial, en la calle Maldonado, frente a la plaza de la Constitución.
Este derribo, que contempla demoler dos casas de planta baja y un edificio de tres alturas, fue adjudicado a finales de 2014 a la empresa OHL, durante el anterior mandato municipal, por 50.000 euros.
El área de Obras y Servicios, en coordinación con Urbanismo, decidió en aquel momento que era mucho más práctico para evitar problemas tras el derribo esperar a la contratación de la obra nueva y abordar la inversión en su conjunto. Es decir, que inmediatamente después de adjudicar la construcción del nuevo edificio, algo que se produjo a finales de diciembre pasado, se demoliera el antiguo. Fuentes municipales matizaron que pese a ser un contrato de 2014 no «caduca» y los plazos no corren hasta que se realiza el acta de replanteo. La oferta de la empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil (INCOC S.L) fue la mejor valorada para adjudicarse la ampliación del edificio por 312.211 euros, un precio que rebaja de forma muy sustancial el de licitación, que superaba los 400.000. La adjudicación definitiva tuvo lugar a principios de este año. La contratación de un arquitecto técnico y la del arquitecto Javier García Solera para supervisar el proyecto supone un gasto de otros unos 32.000 euros. El principal objetivo del contrato -una idea del anterior equipo de gobierno del PP - es ganar espacio para las dependencias municipales y ahorrar en arrendamiento de locales, que ahora albergan servicios municipales, al menos 200.000 euros al año.
En los próximos días la contrata de la demolición debe retira las instalaciones de amianto de las antiguas viviendas que ocupaban los párrocos. El edil del área Alejandro Blanco indicó que va a intentar resolver con los técnicos hoy estos problemas. Entre el inicio del procedimiento administrativo, que exigió una modificación del planeamiento urbanístico, con la redistribución de la manzana, hasta la adjudicación han transcurrido más de dos años.
