La exalcaldesa de Redován, la socialista Leticia Bas, declaró ayer en calidad de investigada (antes denominada imputada) por un presunto fraccionamiento de contratos ocurrido durante su mandato, entre 2007 y 2011, cuando el Ayuntamiento abonó facturas que suman 221.407 euros en concepto de trabajos eléctricos a una misma empresa y a su administrador. La exregidora defendió que aunque las facturas se abonaron con reparos de Intervención, fue ese organismo quien recomendó que se pagaran puesto que los trabajos estaban realizados y argumentó asimismo que nadie advirtió de que hubiera que sacar un concurso para licitar la prestación de ese servicio.

Leticia Bas acudió a declarar como investigada en el marco de la instrucción que instruye el juzgado Número 1 de Orihuela, al que también acudieron ayer dos exconcejales de Redován, Encarna Heredia y José Manuel Cartagena, ambos investigados por el mismo asunto. La primera de ellas se sumó a la línea de defensa de la exalcaldesa y está siendo defendida también por la letrada Fanny Serrano. El segundo solicitó un letrado del turno de oficio y, finalmente, se pospuso su declaración para dar tiempo a su abogado a estudiar la causa.

El cuarto imputado por este asunto es el administrador de la empresa Electromar Peñalver SL, quien realizó los trabajos de mantenimiento, reparación y conservación del alumbrado municipal. Según la denuncia que se presentó en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraccionamiento de contrato, las facturas se libraban en unos casos directamente a la citada empresa y otras a su administrador, Carlos Peñalver, que es cónyuge de la actual portavoz socialista, Silvia Fonseca.

Límite legal

Según aborda la investigación, el empresario Peñalver, que concurrió a las elecciones de 2015 en la lista del PSOE de Redován, libraba unas facturas como persona física y otras como persona jurídica, un procedimiento que, supuestamente, se habría ideado para sortear el límite legal establecido que obliga a sacar un servicio a licitación pública cuando su cuantía rebasa los 18.000 euros anuales. De esta forma el Ayuntamiento omitió sacar a concurso el servicio de trabajos eléctricos, evitando así que cualquier empresa pudiera acceder a ese contrato.

La documentación indica que el empresario facturó de forma directa o a través de su empresa hasta 60.038,46 euros en el año 2008; 71.368,87 en el 2009; y el resto, hasta 221.407 euros entre los años 2010 y 2011, siempre por el mismo concepto, que eran trabajos eléctricos.

Todas las facturas relativas a este caso fueron exigidas por el fiscal al Ayuntamiento tras denunciar el tema y al considerar que se pudieron cometer irregularidades. Pidió asimismo los reparos emitidos a las facturas libradas y satisfechas a Peñalver. De igual forma solicitó que se clarificara la fecha de aprobación de cada uno de los pagos, el motivo de los reparos interpuestos por el departamento de Intervención así como quiénes eran los concejales que propusieron los pagos.