El nuevo secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, acudió ayer a los juzgados de Torrevieja y Orihuela en el marco de la ronda de visitas a los partidos judiciales para evaluar la situación actual y las posibilidades para llevar adelante la implantación del nuevo modelo de oficina judicial en la Comunitat, asegura la Generalitat en una nota. Sin facilitar datos sobre la situación que se padece ni tampoco adelantar cómo van las negociaciones con el Ministerio de Justicia para ampliar la planta judicial de ambas sedes judiciales o qué va a pasar con el pago de los juzgados de Orihuela, Puchades se refirió en un comunicado a los encuentros que mantuvo con los decanos, los letrados y funcionarios para «escuchar sus propuestas para la mejora del funcionamiento de los juzgados», asegura el comunicado.
La situación debe ser conocida de sobra por la Generalitat pues la actual consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ya visitó los de Orihuela siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial junto al entonces vicepresidente, Fernando de Rosas, y la situación no ha variado prácticamente un ápice porque buena parte del colapso que se padecía y se padece se debe a la falta de medios humanos y materiales, así como el déficit de órganos judiciales, algo que se sufre la política de recortes que desde hace años se aplica en la Vega, entre otras comarcas, pese a tener la etiqueta de asumir una buena parte de los asuntos de corrupción de toda la Comunidad - en el caso de Orihuela-; y algunos complejísimos sumarios de grupos organizados, en los de Torrevieja, sin olvidar el desequilibrio que este último existe entre los juzgados civiles y de instrucción desde hace años.
En cualquier caso, la única propuesta que ayer se puso sobre la mesa fue el plan que hay, a nivel de la Comunidad para «rediseñar las plantillas» porque el nuevo Consell considera que «la estructura de oficina judicial (está) desfasada, basada en órganos judiciales atomizados que impide la puesta en marcha de fórmulas organizativas para optimizar los recursos actuales y reforzar los puntos más débiles».
El proyecto pasa por «ir necesariamente de la mano del incremento del uso de las nuevas tecnologías para iniciar el camino hacia una justicia más eficiente, más eficaz y más próxima a la ciudadanía». Y de las palabras de este no se avanza que vaya a haber más personal sino una «mayor racionalización de los recursos humanos y materiales con una nueva organización dinámica en una apuesta para que la Administración Judicial sea más funcional, eficaz y de calidad y ofrezca, por tanto, una mejor respuesta a la ciudadanía», dijo Puchades. En este primer semestre está prevista la implantación de servicios comunes generales (encargados de trámites como las notificaciones o los embargos) en todos los partidos judiciales y en el segundo se avanzará hacia la implantación de los servicios comunes de ejecución penal «en varios partidos judiciales», sin explicar si los de la Vega Baja se encontrarán entre ellos. La Conselleria destinará 2,8 millones de euros a la implantación del nuevo modelo de oficina judicial. El Consell recuerda que «incomprensiblemente la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial, nunca fue desplegada por el Gobierno valenciano».
