El juzgado de Instrucción 3 de Orihuela ha admitido a trámite la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España de la Comunidad Valenciana (SPPME-CV) contra el intendente de la Policía Local Cox, Daniel Monera, por «la implantación, presuntamente, de un sistema de manipulación en los pagos por la asistencia a juicios de agentes de la Policía». Monera negó ayer a INFORMACIÓN estas acusaciones y aseguró que responden a «la enemistad manifiesta con el agente denunciante, afiliado al sindicato» y a un «acto de venganza por la imputación que pesa sobre él por un delito de omisión de socorro tras la denuncia de un particular». El intendente aseguró que «no puedo decir mucho más hasta que mañana (por hoy) reciba la notificación del juzgado», aunque aseguró conocer la existencia de esta denuncia desde el lunes «porque me llamó el juez de Paz para decírmelo».
La jueza instructora del caso ha citado a Monera en calidad de investigado (término que sustituye ahora al de imputado) el próximo mes de marzo, según ha podido conocer este diario, por un presunto delito de falsedad y contra la administración pública pues las indemnizaciones que cobran los agentes por asistencias a juicios parten de las arcas del Ayuntamiento de Cox.
Seguridad ciudadana
Tanto el edil de Seguridad Ciudadana de Cox, Antonio Manuel Manresa (PSOE), como el alcalde del municipio, Miguel Ángel Gambín Puig (Ciudadanos), negaron ayer conocer la existencia de esta querella, si bien Gambín reconoció que el lunes pasó por la junta de gobierno el auto judicial por el que se admite a trámite la querella y en el que la jueza solicita al Ayuntamiento la «relación de cantidades satisfechas por el Ayuntamiento de Cox en los últimos diez años a los agentes del Cuerpo de la Policía Local en concepto de asistencias a juicios», con todos los datos del proceso judicial oportuno. Esto incluye «los decretos suscritos por el alcalde y el secretario ordenando la realización de dichos pagos, acompañados del correspondiente informe del oficial jefe proponiendo el abono de dichas cuantías».
Monera insistió en la que querella «no tiene sentido, pues la orden de pago a los policías por asistencias a juicios pasa por la Secretaría e Intervención del Ayuntamiento, quienes son los encargados de comprobar que el agente ha acudido al juicio y, si no fuera así, pondría reparo al pago, pero no lo ha hecho».
La denuncia presentada contra el jefe de la Policía Local incluye otros «hechos relacionados con el ejercicio de su cargo policial», si bien solo se ha admitido a trámite, hasta el momento, este hecho, aunque desde el sindicato no descartan que pueda ampliarse la querella posteriormente.
