La Audiencia Provincial ha reabierto el procedimiento por el caso de supuestas torturas en 2006 a dos detenidos por parte de agentes de la Policía Local -que había sido archivado por la Fiscalía- y ha señalado el juicio en varias sesiones para los meses de junio y julio que viene. Así lo desveló ayer el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) durante el turno de ruegos y preguntas del pleno. La edil del PP Agustina Esteve, anterior edil del área de Policía, si iba a pedir disculpas por unas palabras en un pleno anterior en las que afirmaba que en la Policía Local se habían producido torturas. Algunos sindicatos policiales se habían planteado adoptar medidas legales contra Dolón por injurias y calumnias, dado que se había archivado provisionalmente el caso.

Entre aquellas declaraciones y hoy ha mediado la reactivación del procedimiento. La edil solicitaba del alcalde que se disculpara, algo que no hizo, aunque si colocó, en alguna ocasión de su intervención, la palabra supuesto a la hora de calificar el caso. Será la tercera vez que se fija fecha para el procedimiento, al que se dio carpetazo por incomparecencia de los denunciantes del maltrato y que el alcalde dio a entender ayer que se ha reactivado por parte de la acusación que ejerce en este procedimiento la Fundación Pro Derechos Humanos. En el procedimiento están implicados ocho policías y un exedil por unas supuestas torturas, amenazas y vejaciones a dos detenidos -arrestados cuando asaltaban la casa de un mando de la Policía local-, y un intento posterior de ocultar lo sucedido y que tuvieron lugar en junio de 2006. Si finalmente los denunciantes y supuestas víctimas de las torturas no comparecen el juicio se celebraría en su ausencia, con una más que probable, en ese caso, sentencia absolutoria.

La Fiscalía mantenía en su escrito de acusación penas de cárcel que suman 24 años para cinco agentes, además de penas de inhabilitación para otros tres policías y el entonces concejal de Policía del Ayuntamiento. Aunque es el mismo Ministerio Público que pidió el archivo porque no podía contar con los testigos de cargo fundamentales, los propios denunciantes, durante la vista oral, a los que no habría podido notificar.