Un pleno que volvió a defraudar en Orihuela permitió ayer saber que la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías no cobró hasta ayer mismo la mitad de la subvención anual correspondiente a la Semana Santa de 2015. Esta asciende a 108.530,68 euros y ayer se le ingresó en cuenta 54.265,34 euros, según explicó la concejala de Festividades, Mariola Rocamora (PP), quien culpó a Carolina Gracia (PSOE) de marcharse del área sin iniciar el expediente; mientras, la portavoz socialista le retaba a que lo demostrara. Lo cierto y verdad, y eso no salió a relucir en la sesión, fue que la Junta Mayor, que no ha alzado la voz en ningún momento, ha tenido que suspender algunas actividades paralelas que organizaba para este 2016 -el concurso de fotografía o la edición del libro-, a pesar de que el propio alcalde, Emilio Bascuñana, acudió a una de las últimas reuniones y les pidió que los mantuvieran. ¿De quién es la culpa? Eso es difícil saber pero quedan dos meses para la única fiesta que tiene la capital histórica de la Vega Baja con Declaración de Interés Turístico Internacional y a sus organizadores aún les queda cobrar la otra mitad... de la del año pasado.

Si los reparos del interventor, Fernando Urruticoecheareparos del interventor, han contribuido al retraso del abono, tal y como se sugirió en la sesión, no es quizá tan importante como la enigmática respuesta que el concejal de Hacienda, Rafael Almagro (PP), le dio a la concejala Pepa Ferrando (Foro) cuando, casi al final de la sesión, ésta le preguntó al alcalde Bascuñana sobre qué va a hacer para acabar con el problema de los informes en contra del técnico, que han generado no sólo problemas en el cobro a la Junta Mayor, también a Dinoco, los Moros y Cristianos o las comisiones festeras. Almagro tomó la palabra por el regidor para decirle «se desprende de sus palabras que los técnicos trabajan mal; pues mire usted, se admiten sugerencias».

Mociones

La sesión por lo demás dio el visto bueno a todas las mociones que se presentaron, la mayoría sin gran peso y que demuestran que el gobierno y la oposición se mueven más por gestos que por gestión. Así se aprobó que la Plaza del Marqués de Rafal recupere su nombre de antaño: Plaza de Ramón Sijé -probablemente en marzo se realice el acto coincidiendo con las actividades en recuerdo al poeta Miguel Hernández- (iniciativa de Ciudadanos); que se inicie el expediente para que los refugios antiaéreos sean declarados Bien de Relevancia Local, como pedía Cambiemos Orihuela, aunque nadie sabe exactamente cuántos hay y en manos de quién -unos ediles decían que dos, otros que tres y alguno se atrevió con cuatro o cinco; la adhesión a las ayudas convocadas por la Generalitat para atender situaciones de pobreza energética (a iniciativa del PSOE y después de un largo debate que no sirvió para nada porque todos la apoyaban); la elaboración de un plan municipal para el fomento de la contratación y la modificación de la ordenanza fiscal de bienes inmuebles (también del PSOE, aunque enmendada por el PP gracias a los votos de C's para aportar muy poco más a lo previsto); o instar a la Conselleria de Medio Ambiente a adoptar medidas contra las plagas del tomicus destruens y la procesionaria (propuesta del Partido Popular). Todas salieron adelante con un gran consenso y, alguna, hasta por unanimidad.

Ayer se aprobó en otro orden de cosas el convenio con la Generalitat para pagar una parte de los gastos de la Oficina Prop; concretamente los relativos a vigilancia por algo más de 38.000 euros; y los ruegos y preguntas sirvieron para saber que un grupo de estudiantes de Turismo de Torrevieja se quedó sin ver la iglesia de Santiago y uno de los refugios en una visita concertada (que se les ha vuelto a ofrecer) y que el templo estaba cerrado porque «el párroco se había tenido que ir al médico con su madre», según la edil Sofía Álvarez; que el PP a día de hoy no sabe cuándo estarán las bases para que las comisiones de fiestas pidan las ayudas; que las ayudas para el alquiler joven están pendientes de una consulta hecha por la edil Sabina Galindo a la Generalitat sobre competencias; que el equipo de gobierno espera aprobar la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) para el verano porque, dijo Almagro: «Si llevamos 20 años sin RPT y lo hacemos en seis meses estará bien»; o que para el centro social de La Murada se ha comprado el mobiliario en Cox y no en Orihuela.