El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (Partido Popular), negó ayer algunas de las denuncias que el PIPN (Partido Independiente por las Nacionalidades) realizó en relación a casos de enchufismo en el Ayuntamiento, de familiares de ediles y afines del PP y que la adjudicación del bar de la piscina se hubiera hecho a dedo. Es más, el regidor anunció acciones judiciales -«he puesto el asunto en manos de mis abogados», dijo- contra el partido que hace cuatro años y medio, cuando debutó en política, le dio el voto que le faltaba para gobernar, posición que consolidó al punto de obtener la mayoría absoluta este mandato, una de las pocas que su formación tiene en la Vega Baja.
El alcalde aseguró en relación a la adjudicación del bar que sí existe un expediente y que se invitó a tres empresas, lo cual «ni era necesario, porque se podía haber adjudicado a una, pero se hizo así». También dijo que el expediente está para que lo vea quien quiera. En relación a las acusaciones de enchufismo negó algunos de los casos que citaba el PIPN, a los que desafió, por ejemplo, a que «enseñen los contratos con la hermana del concejal Borja. Algo que es imposible porque no existen». También dijo que sí es cierto que uno de los hijos del edil de su formación es monitor de Deportes pero recordó que el muchacho trabaja en esta actividad desde hace más de ocho años, cuando en el municipio gobernaba el PSOE. Y para negar que a través del Servef se dé contratos a familiares de ediles, aseguró que también entran personas con militancia en otro partido, y citó a una de las personas que iba en Compromís y que también ha terminado trabajando para su administración local.
A Carlos Ramírez, las acusaciones le parecen «un disparate», acusó de «cobardía» a los miembros del PINP que utilizan las siglas para denunciar «sin dar la cara» y, aunque no lo dijo expresamente, cree que la misma no parte de la concejala.
