La resolución del Tribunal Supremo que ha anulado de forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Miguel de Salinas deja un futuro incierto en el municipio, cuyo urbanismo vuelve a regirse ahora por las anteriores normas subsidiarias (el texto que regula el planeamiento urbanístico). El proyecto fue aprobado por la Generalitat Valenciana en octubre de 2008 y desde entonces se concedieron numerosas licencias de construcción, mientras que los propietarios de algunos terrenos iniciaron planes de reparcelación como paso previo a la proyección de nuevas urbanizaciones. Pero ese Plan General ha sido anulado y ahora el Ayuntamiento se enfrenta a un aluvión de reclamaciones mientras existen medio centenar de casas que han quedado en un limbo legal al estar ahora fuera de ordenación. El Ayuntamiento cree que puede acabar arruinado.
El consistorio, gobernado por un bipartito de PP y UPyD, mantiene ahora que exigirá a la administración autonómica que responda de forma subsidiaria y afronte las posibles indemnizaciones económicas dado que, en última instancia, fue la Generalitat quien aprobó el Plan General que ahora ha sido derogado por los tribunales. Además, fue la administración autonómica la que, tras tumbar el TSJ el Plan General, recurrió ante el Alto Tribunal, aunque no le sirvió de nada.
«Culpable»
El concejal de Urbanismo, Sergio Correas, mantiene que la Generalitat Valenciana «ha sido la culpable» de la difícil situación a la que se enfrenta hoy el municipio. Estima que la administración valenciana pasó por alto la normativa europea en materia de medio ambiente y no veló por su aplicación en el Plan General, que no se sometió al proyecto de Evaluación Ambiental Estratégica y sólo contó con la declaración de impacto ambiental que pidió el gobierno valenciano. Ahora, el primer paso que dará el Ayuntamiento será exigir a la Generalitat que actualice las normas subsidiarias urbanísticas que vuelven a estar en vigor para integrar todas las construcciones que se levantaron al amparo de un Plan General que ya no existe. El objetivo es que esas casas puedan regularizar su situación puesto que se construyeron de forma legal. Superado ese trámite, el siguiente paso será solicitar a la Generalitat que se tramite un nuevo Plan General mediante un procedimiento que, según Correas, está establecido en la legislación y que permite realizarlo «con carácter de urgencia».
Mientras tanto, «si tenemos que demandar a la Conselleria para que haga frente a las posibles indemnizaciones lo haremos pidiendo que afronte su responsabilidad patrimonial», aseveró el concejal de Urbanismo, que al mismo tiempo espera no tener que llegar a esa situación y que la colaboración de ambas administraciones sea suficiente para poner orden en todo este desaguisado. «Las reclamaciones pueden ser tan cuantiosas que llevarían a la ruina al Ayuntamiento y no lo vamos a consentir», zanjó Correas.
