El Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí de Almoradí, presidido por Carlos Barrera, criticó ayer las presiones que están ejerciendo los regantes del trasvase del Tajo para que se les cedan 55 hectómetros cúbicos del agua que se mantiene acumulada en los embalses de la cuenca del Segura, unos recursos hídricos que consideran que son los necesarios para que el regadío tradicional pueda garantizar la viabilidad de sus cosechas durante las estaciones de primera y verano puesto que el nivel total de reservas alcanza en estos momentos los 382 hectómetros.
A través de un comunicado titulado «expolio del agua a los riegos tradicionales de la Vega Baja», el titular del juzgado almoradidense expone que en este momento debido a la ausencia de lluvias en el centro y sur de España se ha cerrado el grifo del trasvase del Tajo y, en consecuencia, los regantes del trasvase tienen necesidades de agua urgentes. El mismo indica que dada la situación están «utilizando las instituciones de la Consejería de Agricultura de Murcia o la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Agricultura para conseguir el poco agua acumulada en nuestros embalses del Segura, un agua que nuestros regantes necesitan para hacer frente a las demandas de riego de la próxima primavera y verano».
Barrera aseguró que el agua embalsada en estos momentos en la cuenca del Segura asciende a 382 hectómetros cúbicos «y sabemos que el hecho de que les concedan 30 hectómetros de los embalses y 25 hectómetros de los pozos del sinclinal de Calasparra no les soluciona sus problemas presentes y futuros». Por eso, temen que como «representan un loby con presiones a todos los niveles» acaben consiguiendo su propósito de «dejar de secano a las comunidades de regantes tradicionales, que integran a 30.000 familias de agricultores».
Solidarios
En declaraciones a este diario, el juez de aguas de Almoradí aclaró que «no queremos que los dejen sin agua, pero no se puede suplir su falta con la que necesitamos nosotros porque eso es desvestir a un santo para vestir otro». El mismo recordó que recientemente el regadío tradicional demostró su solidaridad cuando rechazó la oferta de los regantes del trasvase de comprarles parte del agua porque «el agua es un bien público y nosotros no somos quién para venderla».
No obstante repasó que la solución que se dio entonces acabó perjudicando a los regantes tradicionales, puesto que se cedió a los del trasvase ocho hectómetros cúbicos de agua embalsada mientras que a ellos se les compensó «con la puesta en marcha de 14 pozos de sequía, la cual contenía una alto grado de conductividad eléctrica».
«Nosotros queremos que se les dé agua, pero hay que tener en cuenta que ellos pertenecen al Tajo y no a la cuenca del Segura y no pueden quitarnos a nosotros el agua que necesitamos para suplir sus necesidades. Somos solidarios siempre que se puede, pero no podemos dejar que tiren por tierra nuestros derechos atendiendo las demandas de ese loby», prosiguió.
Carlos Barrera concluyó que los regantes tradicionales «vamos a intentar hacer frene a ese poderoso grupo, que quieren lo que no es suyo y adoptaremos medidas judiciales, comunitarias y políticas que estén a nuestro alcance».
