Orihuela seguirá cuadriplicando el plazo legal de pago a proveedores al ni tan siquiera figurar dentro del orden del día de la junta de gobierno el plan que fue anunciado hace una semana por el edil de Hacienda, Rafael Almagro (PP), para ajustarse de una vez por todas a la ley a la ley y que aseguró que se aprobaría ayer.

Como se recordará, el Ministerio de Hacienda exige desde hace más de tres años que todas las facturas se liquiden en un plazo de 30 días bajo amenaza de multa o sanción. En Orihuela los cuatro últimos meses se ha superado de largo este tope; de hecho, ha ido aumentando progresivamente hasta sobrepasar los 120 días de media, lo que generó la contratación de un asesor -Javier Cifuentes- con el objeto de dar una solución que pasaba por compartimentar el tiempo que iba a tener cada departamento para gestionar la fase de pago que le correspondía. El problema es que el mismo no se consensuó con el interventor y éste se opuso al mismo, obligando a dejarlo sobre la mesa de la junta de gobierno, según confirmó este diario en fuentes municipales.

Ayer se le preguntó al portavoz sobre el hecho de que el plan no se hubiera aprobado y Francisco Sáez Sironi, aseguró que «está a falta de un informe de Intervención para ser aprobado en junta». Urruticoechea está en estos momentos de baja con lo cual no se sabe cómo se resolverá este asunto y si se delegará en otro técnico el informe o se esperará a su regreso.

El Ayuntamiento, en cambio, sí aprobó ayudas de emergencia social por 5.779 euros, así como 103,163 euros en facturas. La sesión sirvió también para poner en evidencia la delicada situación que atraviesa el palmeral oriolano a causa de la plaga de picudo rojo, que continúa avanzando sin descanso, pues ayer se aprobó la tala de otras seis palmeras junto al Instituto de Secundaria El Palmeral.