Los municipios urgen una planta de transferencia de basuras en la Vega Baja

Los municipios con representación en el Consorcio de Residuos de la comarca de la Vega Baja han urgido hoy a la puesta en marcha de una planta de transferencia que les evite enviar los residuos a Elche, Xixona y Villena

27.01.2016 | 20:12

Los municipios con representación en el Consorcio de Residuos de la comarca de la Vega Baja han urgido hoy a la puesta en marcha de una planta de transferencia que les evite enviar los residuos a Elche, Xixona y Villena.

Según un comunicado de la Diputación de Alicante, estos traslados de basuras implican un elevado coste para los ayuntamientos y los vecinos de la comarca.

La junta de gobierno del Consorcio se ha reunido hoy en el Palacio Provincial y, entre otros asuntos, ha aprobado por unanimidad modificar los estatutos del órgano para que la Diputación pase a ostentar el 21 por ciento de la representación frente al 15 actual, mientras que la Generalitat reduce su porcentaje del 25 al 19, con el fin de ajustarse a la legislación vigente que establece un mayor carácter local de los consorcios.

Además, la Diputación ha reclamado a la presidencia del Consorcio de Residuos de la Vega Baja un "mayor consenso y transparencia" tras la decisión unilateral de la misma de contratar, por decreto y sin consulta previa, un determinado gabinete jurídico para la personación de este órgano en el juicio del caso Brugal.

En este sentido, el diputado de Protección y Gestión del Territorio, Javier Sendra, ha expresado su malestar por "esta decisión unilateral que afecta a un tema tan complejo" ya que, en su opinión, la elección del gabinete que representará judicialmente al Consorcio debería haber sido consensuada con todos los representantes de este órgano y estar sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público.

"Desde la Diputación ya hemos demostrado nuestro apoyo a la nueva presidencia del Consorcio pero entendemos que una decisión así debería haberse adoptado de común acuerdo", ha insistido Sendra.

El popular ha recordado que "cuando fue necesario solicitar un informe jurídico para determinar si se adoptaba o no la rescisión del contrato con la anterior UTE, se sometió a la junta, que fue quien decidió de forma mayoritaria qué jurista debía emitirlo".

Otra muestra de la predisposición del gobierno provincial para llegar a consensos y despolitizar este órgano queda constatada en la aprobación, por unanimidad, de todos los puntos del orden día de la junta.

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