El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado el concurso para adjudicar los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Torrevieja al encontrar deficiencias graves en el pliego de condiciones. La resolución supone un varapalo para los técnicos de Secretaría, Contratación e Intervención y la edil portavoz del equipo de gobierno Fanny Serrano, que como letrada y asesora jurídica de la junta de gobierno, que redactaron el pliego de condiciones. Se trata de unas irregularidades denunciadas ante este organismo por varios despachos del sector, entre otros, J&A Garrigues. Algo que desveló ayer el Partido Popular asegurando que el contrato se había diseñado como un «traje a medida» para que solo pudieran acceder determinados licitadores, al restringir al máximo la concurrencia de ofertas.
El municipio pretendía adjudicar el servicio por cuatro años por un precio de 644.628 euros al agotarse la vigencia del actual. La resolución explica que el Ayuntamiento de Torrevieja exige en los pliegos, de entrada y sólo como requisito de admisión de ofertas, que los despachos interesados acrediten haber asumido al menos 500 pleitos contenciosos administrativos, cien civiles y otros cien en los últimos quince años. Una cifra «muy alejada del propio volumen de litigios» del Ayuntamiento, que ha tenido que recurrir a sus servicios jurídicos para tratar 129 contenciosos administrativos en siete años, dos sociales y uno penal.
La determinación que anula el concurso -y lo devuelve a la casilla de salida en su tramitación- indica que ese criterio de solvencia para todos los licitadores y solo para poder presentar la oferta «es desproporcionado». Es decir, limita el acceso a un concurso público, que en un principio tan solo debería valorar el criterio económico, a la hora de adjudicar el servicio.
Como los jueces
Pero este no es la única irregularidad de bulto que reseña el Tribunal en el concurso. Además de la experiencia en litigios se le exigía a los letrados que fueran a asumir los litigios, en la mayoría de las ocasiones para procedimientos contenciosos del municipio, «la misma experiencia que a quienes van a ocupar las más altas instancias judiciales de nuestro país», El contrato salió a licitación como un concurso sujeto a regulación armonizada, lo que exige una tramitación más compleja y singular, cuando en realidad, por sus características, se trata de un contrato de servicios. Además las especificaciones sobre la presentación de plicas indicaban que debían incluirse en un sobre y no en dos como es habitual en este tipo de procedimientos para distinguir la oferta económica de la técnica. En la resolución se incide que el mantenimiento de esos requisitos de solvencia impediría la partipación en la licitación de profesionales que podrían encontrarse perfectamente capacitados para asumir el contrato., generando «una discriminación no permitida ni por la normativa contractual, ni por la jurisprudencia patria ni europea».
La resolución de este tribunal con la anulación está publicada en la web municipal. Los servicios jurídicos han sido prorrogados al despacho que ha ejercido esta labor hasta la fecha y desde hace más de una década, José Ortiz Rios. Un letrado que no es de la confianza del actual equipo de gobierno al estar ligado durante años a la defensa jurídica del anterior gobierno del PP. Este despacho que ha ganado un recurso para mantener el servicio mientras no sea adjudicado el nuevo contrato.
Rigor
Este concurso es el único procedimiento de adjudicación de entidad y por valor de más de medio millón euros que había logrado salir a licitación durante los primeros meses del nuevo gobierno sin ser bloqueado por los técnicos, como ha sucedido hasta ahora con buena parte de la tramitación municipal; desde los contratos abiertos, negociados con o sin publicidad, menores, gastos por reconocimientos de pago inferiores a 3.000 euros e incluso vales. De hecho, el pliego ya estaba aprobado a principios de septiembre, a los dos meses y medio de iniciarse el nuevo mandato.
