El Partido Popular aprovechó ayer la sentencia del TSJ, que ayer publicaba INFORMACIÓN y en la cual se valida la decisión que la expresidenta del Consorcio de Basuras, Luisa Pastor, tomó al adjudicar las de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, pese a la investigación judicial al respecto enclavada en el marco del caso Brugal, para recordar su «respeto a la legalidad y la apuesta por la demagogia del PSOE», tal y como lo definió el coordinador comarcal, Adrián Ballester. Este reclamó al presidente del Consorcio Manuel Pineda «que se aclare de una vez y tome las decisiones que exige su responsabilidad», recordando que el pasado lunes los alcaldes del PP de la Vega precisamente se habían reunido para dar un toque de atención después de que tres meses después de constituirse el Consorcio aún no se haya tomado decisión alguna de futuro.

Firmes

Ballester recordó que aquella adjudicación vino obligada por una sentencia y «las que dictan los tribunales, cuando son firmes, están para cumplirlas, no para discutirlas. Esta fue la postura del Partido Popular, que ahora avala el Tribunal Superior». Y añadió que el vertedero en Albatera era ajeno a Brugal, porque «lo que en ese caso se investiga es la adjudicación que en su día se hizo en Torremendo. El PP hizo lo que ordenó la sentencia, que era lo único que podía hacer». Según los populares, la resolución es «un varapalo a las tesis socialistas donde pedían en un arrebato podemita no acatar una sentencia. En un Estado de Derecho quienes ejercemos el poder ejecutivo estamos en obligación de acatar las decisiones del poder judicial y no hacer demagogia. El PSOE de la Vega hizo una campaña demagógica entonces diciendo que se saldrían del plan zonal, o creando alarma social con las plantas de transferencia. Ahora, están haciendo todo lo contrario: pedir una campaña de concienciación ciudadana de lo buenas que son».