La decisión sobre el nuevo modelo de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza de playas de Torrevieja deberá adoptarse por mayoría absoluta de los componentes del pleno del Ayuntamiento. Muchas de las decisiones de gestión que se han adoptado en las sesiones plenarias en los últimos seis meses se han adoptado por mayoría simple. La obtenida por los 12 votos del gobierno de cinco formaciones, el voto en contra de los once ediles del PP y la abstención de las dos concejalas de Ciudadanas. Para que el modelo propuesto por el gobierno pentapartito salga adelante deberá obtener el apoyo de, al menos, una de las dos ediles de Ciudadanos, es decir, 13 votos. La abstención de ambas y el voto en contra el PP bloquearía cualquier decisión del gobierno relativa a este asunto.
Al margen de sus evidentes diferencias de criterio, ambas concejalas, la portavoz y líder de la formación Pilar Gómez y la edil Paqui Parra han coincidido hasta el momento a la hora ejercer el voto en el pleno.
En un periodo que no puede superar las tres semanas debe convocarse el pleno extraordinario para resolver este asunto. Uno de los más importantes de este mandato, tanto por el desembolso que supone para las arcas municipales como por los problemas de gestión y judiciales que ha arrastrado durante años.
Directa o indirecta
Todas las posibilidades están abiertas pero lo cierto es que el gobierno local se inclina por un modelo de gestión directa pese a que no todos los concejales del gobierno comparten ese criterio. Un modelo que, según reflejan los informes, rebaja el coste del canon anual al menos un 18% -Torrevieja paga en torno a 16 millones de euros por el servicio que ofrece Acciona ahora-. Además, siempre según esos informes el modelo garantiza los puestos de trabajo al asumir a la actual plantilla situada en torno a los 210 empleado fijos. En un modelo de gestión indirecta a una empresa la adjudicataria puede decidir, una vez asumida la plantilla, su recorte y rebajas salariales.
El modelo de gestión directa preocupa a los sindicatos porque exige un proceso selectivo del personal. Si el Ayuntamiento asume el servicio mantendría todos los puestos transformando la platilla en personal laboral a través de un proceso selectivo sin demasiadas exigencias teóricas ni prácticas, con una entrevista y varias preguntas, según fuentes municipales. Solo saldrían a concurso público, según fuentes municipales, plazas vacantes por jubilación. Una pequeña parte del total.
Otro interrogante importante a resolver si se adopta la gestión directa es la posible disminución de los ingresos de los trabajadores puesto que debe adaptarse a la categoría del grupo funcionarial al que pertenecieran. El grupo de gobierno no ve clara la adjudicación a una empresa porque un contrato conjunto con todos los servicios solo puede licitarse a cuatro años prorrogables a otros dos y muy pocas empresas estarían dispuestas a ofertar con un periodo de amortización de la inversión tan corto -lo habitual son diez años-. Tampoco quieren trocear la contrata en varias adjudicaciones, algo que se considera igual de caro y menos efectivo para la calidad del servicio.
