El Consorcio no tiene en su mano ni abrir la planta de transferencia de residuos de Abornasa, en Crevillent, ni ser parte en el procedimiento judicial que obligó a su cierre. Así lo determina un informe del secretario del Consorcio, Juan Giner, que se le solicitó para saber si se podía hacer algo en favor de la reapertura de una instalación que había sido un «salvavidas» para la práctica totalidad de municipios de la Vega Baja desde que se decretó el cierre de la planta de Proambiente, a caballo entre Orihuela y Abanilla.
Como se recordará, Abornasa suponía un esfuerzo económico sobre lo que en su momento firmaron tanto los ayuntamientos como la mayor concesionaria del servicio en la Vega Baja -Colsur, que pasó a denominarse posteriormente Sirem- para la eliminación de desechos en Proambiente porque aumentaba no sólo el precio sino también los kilómetros de carretera y todo lo que ello conlleva: más horas de personal y maquinaria, pero que aún y así era más barato que la solución que tuvo que adoptar el Consorcio cuando cerró Crevillent, como fue el desviar a Xixona, Elche o Villena los desechos, multiplicando prácticamente por dos los kilómetros de carretera sin que exista una planta intermedia para abaratar costes.
Reunión
Los alcaldes del Partido Popular de la comarca se reunieron el pasado lunes para, precisamente, recordará que el nuevo Consorcio lleva tres meses de gestión y aún no se ha puesto solución alguna mientras los costes se han disparado.
El presidente Manuel Pineda ha insistido que todos los pasos se darán ahora con informes técnicos por delante y el más importante de todos ellos es saber, primero, si hay que cumplir o no las previsiones del plan zonal que sirvió para adjudicar las basuras a la UTE Cespa-Ortiz o bien este ha quedado obsoleto.
