«Lo del Vela Beach va para largo». El alcalde de torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) confirmó ayer que el Ayuntamiento ha recurrido el archivo provisional de la denuncia sobre la discoteca Vela Beach, un asunto, dijo, que va a tener «mucho recorrido» porque en su opinión «ha habido responsabilidades políticas y posiblemente penales por no actuar con diligencia para garantizar el cumplimiento de la legalidad». También ha recurrido el sobreseimiento el policía local que denunció los hechos, en concreto la apertura del establecimiento en el verano de 2013 sin que contara supuestamente con las condiciones para ello.
Para el alcalde, «si los afectados por una cuestión tan grave consideran que se trataba de una denuncia falsa, y no lo denuncian, queda deslegitimado el resto de su discurso». Dolón aseguró que el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil durante la investigación de los hechos vio indicios suficientes «de graves irregularidades e indicios de criminalidad» como para «ordenar la detención de un concejal del anterior equipo de gobierno, el concejal de actividades, (Paco Moreno) quien sabía que esa discoteca no estaba funcionando conforme a la Ley, que había informes de la Guardia Civil y no actuó en consecuencia».
El primer edil señaló que en el procedimiento figuran informes de la Guardia Civil y de policías alertando del peligro que suponía su normal funcionamiento «por el exceso de aforo y falta de seguridad para las personas, de modo que la jueza lo mandó detener y la Guardia Civil lo detuvo por incumplir su obligación de cerrar la discoteca y abrir un expediente para legalizarla». También recordó que la Guardia Civil ordenó llamar a declarar «en calidad de imputado» al anterior alcalde Eduardo Dolón. «La imputación del anterior alcalde también es de la Guardia Civil, no es un invento de nadie».
Como recogió este diario la imputación formal solo la puede llevar a cabo un juez. La Guardia Civil utiliza esa fórmula para garantizar los derechos de los implicados en sus investigaciones previas para que sean asistidos por un abogado.
El equipo de gobierno, tras tener conocimiento de esos informes, «clausuró la actividad con total normalidad; el empresario recurrió, perdió el recurso y ha tenido que hacer una serie de actuaciones para poder funcionar y legalizar su expediente administrativo, lo que tendría que haber hecho desde un principio». De hecho, ese procedimiento, pendiente de la resolución y sanción de la Generalitat, no ha concluido y el juzgado negó la reapertura de la discoteca ante la solicitud de la empresa, que se está planteando ubicar la actividad en otra zona.
El alcalde dijo que «parece que con ese expediente administrativo, la jueza ha entendido que se resolvía el expediente penal que se derivaba de la denuncia de otro funcionario» «Lo que era mafia era el modo en que el aparato administrativo iba contra las personas, mercantiles y opositores políticos, interpretando la legalidad de forma que perjudicara a esas personas», aseguró Dolón en referencia al uso de funcionarios municipales durante anteriores mandatos del PP.
