La UTE Cespa-Ortiz ha recurrido la sentencia que en junio rechazó que el Consorcio de Basuras tuviera que indemnizarle por los 2,8 millones de euros que se gastó en las fincas que tuvo que adquirir en Orihuela para una planta de basura que nunca se construyó porque, de hecho, después se decidió otro emplazamiento distinto en Albatera.
Así lo certifica -que el fallo está recurrido- el secretario del juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante en un auto que ha solicitado la magistrada que investiga en Orihuela el caso Brugal para saber en qué situación se encontraba este pleito entre la ya exadjudicataria y el Consorcio de Basuras. Como ya publicó este periódico, la fase de diligencias previas del Brugal ha entrado en su tramo final y en éste se ha solicitado por la jueza saber de este asunto. El secretario certifica que el 29 de septiembre se elevó a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
La magistrada también solicitó el pasado mes de diciembre una valoración de los costes que ha podido tener para el Consorcio todo este procedimiento judicial, algo que no es tan fácil de precisar como pudiera pensarse y que se ha pedido para fijar la indemnización por posibles responsabilidades civiles para el caso de que haya una condena.
