19 de enero de 2016
19.01.2016
Callosa de Segura

El fiscal archiva el caso del edil que se autodenunció por un contrato con intereses «abusivos»

El Ministerio Público dice que fue «irregular» pero no hubo hecho delictivo en la firma del acuerdo

19.01.2016 | 01:33
Una imagen del Mercado de Abastos de Callosa.

El documento fijó 500 euros al día de multa por retrasos del pago.

La Fiscalía ha archivado la denuncia que interpuso el exconcejal de Comercio y Actividades, Jaime Canales (PP), para que se investigara un contrato firmado por él mismo, cuando gestionó en 2013 la compra de un aparato de aire acondicionado para el Mercado de Abastos. La máquina costaba 11.149 euros y el concejal firmó una cláusula que fijaba que se pagaría a la empresa 500 euros adicionales por cada día de retraso en el cobro. El pago se demoró casi 10 meses y la mercantil reclamó 151.500 euros en intereses. Pues bien, para demostrar que lo que hizo fue legal acudió a la Fiscalía Anticorrupción, que ha considerado ahora que el hecho denunciado no reviste carácter delictivo.

El fiscal ha determinado que según la documentación del caso, el exconcejal Canales «no ostentaba competencias en materia de contratación administrativa» por lo que el hecho de que firmara el contrato fue algo «irregular». No obstante, «es diferente atisbar en este hecho indicios de comisión de algún hecho delictivo, más cuando se trata de una adjudicación de un contrato menor de obras».

«Se observa que la competencia delegada en el concejal, consistente en la firma de cuantos documentos de trámite o definitivos necesarios para la ejecución de la citada delegación, podría haberle conducido a error respecto a su competencia en materia de contratación administrativa».

Aunque la Fiscalía apunta que podría haber una irregularidad «no reúne los requisitos necesarios para ser concebida como constitutiva de hecho penal alguno». Prosigue que «cuestión diferente es la relativa a las consecuencias de la firma del la controvertida cláusula del contrato, manifiestamente abusiva, según nuestro criterio». Así, indica que cualquier perjuicio que la firma de ese contrato pueda deparar al Ayuntamiento «podría serle reclamada» al concejal mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Acuerdo plenario
Tras conocer el pronunciamiento del fiscal, el grupo de Izquierda Unida, integrado en el tripartito, manifestó su «aceptación y respaldo» a lo manifestado al considerar que «es patente que el hecho de que Jaime Canales firmara un contrato para la instalación del aire acondicionado en el Mercado es un hecho irregular, dada la falta de competencia del mismo, lo que podría causar la nulidad del acto administrativo». Por ello, desde EU «seguiremos apostando por la declaración de nulidad propuesta desde la Concejalía de Contratación y que ahorraría a los callosinos y callosinas los 151.500 euros que a día de hoy continúa reclamando la mercantil interesada».

El grupo político coincide con el fiscal en que los posibles perjuicios económicos los podría acabar pagando Canales, aunque su intención es llevar al próximo pleno una moción para declarar nulo ese contrato y evitar perjuicios a los vecinos y al exedil.

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