16 de enero de 2016
16.01.2016
Orihuela

Y esto, ¿ahora quién lo paga?

La moción de censura de 2013 aún colea y 12 concejales que estaban en el PP deben abonar las costas

17.01.2016 | 05:27
Y esto, ¿ahora quién lo paga?

Están incluidos tres presidentes populares: Lorente, Ferrando o Aparicio, más los liberales Mancebo y López-Bas.

La moción de censura que hace tres años iba a permitir que Pepa Ferrando fuera la alcaldesa de Orihuela y el PP recuperara uno de sus principales feudos se ha convertido en una pesadilla. Creánselo. Y eso que sólo cuatro de aquellos 14 concejales que la firmaron siguen en la Corporación. Cualquiera que sepa cómo funcionan las cosas en la capital histórica de la Vega sabrá que si antes todos eran una piña para un objetivo común –que era más sacar de la Alcaldía a Monserrate Guillén (Los Verdes) que hacer regidora a la entonces presidenta de los populares– ahora, muchos, no se pueden ni ver y ni hace falta dar los nombres.

El pasado julio, la magistrada, con la legislatura conclusa y sin que el resultado tuviera incidencia alguna, decidió rechazar aquel recurso con base a un argumento fácil: «Cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa al grupo municipal al que se adscribió al inicio de su mandato (la mayoría exigida) se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circustancias». Es decir, faltarían votos. Y esas eran las circunstancias, entendía, de Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas, quienes fueron expulsados de la coalición electoral CLr-Claro días antes de la celebración del pleno de la moción. La jueza no entraba en otro procedimiento judicial, instado por los entonces liberales en un juzgado de Primera Instancia de Orihuela para que se anulara dicha expulsión. Pero ahí no acaba la historia. La resolución considera que los recurrentes: los 12 ediles firmantes de la moción y los dos a los que se considera tránsfugas, tienen que pagar las costas de los recurridos, que no son otros que el entonces presidente de la mesa, Bob Houliston, la que hacía de secretaria, Carolina Gracia, y los ediles que se sentían afectados: todo el equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) que estuvo representado por seis abogados que quieren cobrar; entre ellos, el alcalde de Elche, Carlos González. ¿Cuánto? Lo que estipula la ley, aunque la factura aún no se ha presentado al cobro, según admitió ayer Fanny Serrano, otra letrada del proceso.

La ley permite que el abono sea solidario y no mancomunado que, tal y como están las cosas, sería lo ideal: el juzgado reclama a cada uno su parte y punto final. Pero no es así. Pensar que al cabo de tres años se van a volver a sentar los que, en muchos casos, no se hablan ya –como las dos expresidentes del PP, Mónica Lorente y la propia Ferrando, con el actual, Dámaso Aparicio– hacen pensar que los letrados van a tardar, y mucho, en cobrar pero, para eso estará el juzgado que, igual, le carga a alguien la factura. Al tiempo.

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