El titular del juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela ha citado a declarar en calidad de investigados -antes denominados imputados- a la exalcaldesa de Redován, Leticia Bas (PSOE), y a dos exconcejales del municipio, Encarna Heredia y José Manuel Cartagena, en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraccionamiento de contratos. Durante el mandato de 2007 a 2011, el Ayuntamiento abonó facturas que suman 221.407 euros en concepto de trabajos eléctricos, unas satisfechas a la mercantil Electromar Peñalver SL y otras directamente al administrador de esa empresa, que es Carlos Peñalver, quien también ha sido llamado a declarar y que es cónyuge de la actual portavoz del PSOE, Silvia Fonseca. Todo ello sin que el servicio hubiera salido a licitación pública.

Según aborda la investigación, el empresario Peñalver, que concurrió a las elecciones de 2015 en la lista del PSOE de Redován, libraba unas facturas como persona física y otras como persona jurídica, un procedimiento que, supuestamente, se habría ideado para sortear el límite legal establecido que obliga a sacar un servicio a licitación pública cuando su cuantía rebasa los 18.000 euros anuales. De esta forma el Ayuntamiento omitió sacar a concurso el servicio de trabajos eléctricos, evitando así que cualquier empresa pudiera acceder a ese contrato.

Motivo de los reparos

Todas las facturas relativas a este caso fueron exigidas el pasado verano por el fiscal al Ayuntamiento, que pidió asimismo los reparos emitidos a las facturas libradas y satisfechas a Peñalver. De igual forma solicitó que se clarificara la fecha de aprobación de cada uno de los pagos, el motivo de los reparos interpuestos por el departamento de Intervención así como quiénes eran los concejales que propusieron los pagos.

Según esos datos, el empresario facturó de forma directa o a través de su empresa hasta 60.038,46 euros en el año 2008; 71.368,87 en el 2009; y el resto, hasta 221.407 euros entre los años 2010 y 2011, siempre por el mismo concepto, que eran trabajos eléctricos.

Una vez recibida toda la documentación, el juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela ha decidido abrir diligencias para clarificar todo este asunto y exigir responsabilidades en el caso de que las hubiere, por lo que ha llamado a declarar a la exregidora, a dos de los concejales que formaban parte del gobierno local socialista y al empresario que desempeñó los trabajos en materia de electricidad.