Antonio Irles, secretario del Partido Popular (PP) de San Fulgencio, y miembro de la candidatura municipal en mayo de 2015, firmó una declaración bajo juramento el 13 de abril en la que aceptaba su inclusión en la lista asegurando que no estaba incurso en causa de inelegibilidad, lo que no es cierto pues es policía Local en otro municipio y la ley, taxativamente, lo prohíbe. Una semana más tarde, el representante de la candidatura del PP para la Junta de Zona de Elche, a la cual corresponde San Fulgencio -entre otros municipios colindantes de la comarca- presentaba la candidatura que lo incluía en el último lugar.
El 11 de mayo, el Ayuntamiento de Santa Pola, donde trabajaba el candidato, notificó a la Junta Electoral que Irles seguía en activo (no era el único caso pues había otro agente por UPyD en Santa Pola) y un día más tarde, la Junta Electoral resolvía que ambos policías «incurren en inelegibilidad conforme al artículo 6.1i y 177.1 de la LOREG». Pero nadie denunció esta situación.
INFORMACIÓN ha tenido acceso a la documentación y preguntó tanto al alcalde, Carlos Ramírez, como al propio Irles cómo fue posible que esto sucediera. Cierto es que el secretario de los populares ocupaba el último puesto, el número 16 (tercer reserva), pero eso no le eximía de cumplir la legalidad. Ambos admitieron que se había tratado de un error y dijeron que se subsanó días antes de las elecciones ante la Junta Electoral Provincial por el representante del PP con su renuncia pero que, como las papeletas ya estaban elaboradas, su nombre continuó apareciendo en él porque la candidatura estaba más que proclamada.
Renunciar
Este representante era Rafael Candela quien aseguró, a preguntas del diario, que nadie les había dicho que un policía iba en la lista y que les dijo, tanto a él como a Ramírez que debía renunciar. A pesar de que el PP asegura que así se hizo, a este diario no se le ha facilitado copia alguna de la petición. Lo curioso es que la Junta electoral de Zona -no la provincial- era la que aceptaba renuncias, así se hizo el 11 de junio sobre una petición de un edil formulada dos días antes de Elche por lo que no se entiende que la gestión se tuviera que hacer frente a la Junta Provincial si, realmente, se hizo.
El asunto ha trascendido ahora, semanas después de que la Fiscalía haya solicitado una pena de 9 años de inhabilitación para cargo público contra el regidor por dar ayudas a lo largo de cuatro años a una entidad deportiva que preside Irles, quien también está imputado por estos hechos. Ramírez ha negado cualquier ilegalidad en el proceso asegurando que siempre se ha seguido el mismo procedimiento administrativo y que conseguirá un archivo de las actuaciones con la documentación que ha presentado.
El regidor no sólo fue el candidato del PP sino que ganó las elecciones por mayoría absoluta. Curiosamente, se presentó porque la dirección provincial considera que los delitos que le imputan no cruzan la raya roja.
