El Ayuntamiento de Callosa someterá a votación en el próximo pleno la creación de una Comisión Especial de Investigación de Obras Subvencionadas. Su objetivo será averiguar si el anterior equipo de gobierno del PP estableció acuerdos verbales con empresas contratadas para la ejecución de servicios «por los que cobraban un importe distinto al que facturaban», todo ello con la pretensión de que aumentaran el importe facturado por encima del coste real de las obras con el fin de falsear la información que el consistorio debía enviar a otras administraciones.
Funcionamiento «habitual»
Según el equipo de gobierno formado por PSOE, IU y Somos, «la existencia de dichos acuerdos verbales fue reconocida durante el transcurso de dos sesiones plenarias consecutivas por el propio exalcalde», Javier Pérez, «que llegó a instar al Concejal de Hacienda a que eliminara varias obligaciones del cómputo de la deuda» puesto que, según las mimas fuentes, aseguró que «Aqualia nos facturaba esos importes pero no tenía la intención de cobrar». En ese sentido, manifestan que Pérez llegó a afirmar que «se trata de una forma de funcionar habitual en este Ayuntamiento y vosotros también lo haréis».
Según el concejal de Contratación, Rubén Manresa, «nos encontramos ante la confesión de una situación de especial gravedad, en primer lugar porque pone sobre la mesa la complicidad de ciertas empresas con el anterior equipo de gobierno a la hora de cometer irregularidades, y como consecuencia, porque nos resulta imposible conocer el alcance de estos acuerdos verbales y por lo tanto saber hasta dónde estas empresas hinchaban las cifras que acababan facturando a nuestro Ayuntamiento».
Para el equipo de gobierno, esa «confesión de Pérez» motiva la necesidad de poner en marcha la citada comisión, que estará compuesta por un miembro de cada uno de los grupos municipales, incluido el PP. Se reunirá de forma ordinaria una vez al mes, quedando extinguida automáticamente una vez que haya dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto.
