El exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez (PP), firmó el 28 de diciembre de 2007 un contrato con el representante de una empresa para autorizarle en exclusiva a colocar soportes publicitarios en suelo público. Desde entonces, la mercantil ha colocado hasta 49 soportes, 12 vallas y 3 pantallas publicitarias. La utilización de esos espacios le habría reportado jugosos ingresos durante ocho años al poder cobrar a otras empresas por la colocación de cientos de anuncios, un negocio redondo si se tiene en cuenta que se le eximió de pagar tasas de ocupación de vía pública y tampoco se fijó un canon económico a favor del Ayuntamiento. Pero ese «regalo» tiene al parecer los días contados porque la secretaria municipal, a petición del equipo de gobierno, ha emitido un informe en el que pide que se anule el contrato por ser ilegal ya que se trata de una concesión administrativa que debió de salir a licitación pública y no darse a dedo.
El dictamen de Secretaría establece que el contrato que firmó Pérez, «no siguió el procedimiento legalmente establecido y adolece de vicio de nulidad de pleno derecho al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido». Asimismo apunta que el acuerdo firmado «no obra en los archivos municipales» y sólo apareció una vez que se abrió expediente para investigar este asunto y se le requirió a la empresa que aportara documentación. Pues bien, ese acuerdo «no pasó por órgano de contratación alguno».
Contrato prorrogable
Según consta en el Ayuntamiento, la junta de gobierno del 20 de diciembre de 2007 abordó una contratación con la citada empresa «por el plazo improrrogable de un año», autorizando al alcalde para que firmara un contrato por ese periodo, pero lo que realmente acabó firmando Pérez fue un contrato prorrogable sin fecha de término establecida.
«Es evidente que se prescindió del procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato de esta naturaleza, simulando un contrato menor cuando a todos luces nos encontramos ante una concesión administrativa», dictamina la secretaria. La misma prosigue en su informe que según el mencionado contrato, la mercantil mantiene en propiedad los soportes publicitarios y cuando se extinga el acuerdo puede retirarlos, un hecho que llama la atención si se tiene en cuenta que la empresa nunca ha pagado ninguna tasa por ocupación de la vía publica. Legalmente cabría la posibilidad de que no pagara esas tasas si los postes publicitarios, una vez que acabe el contrato, quedaran en propiedad del Ayuntamiento, pero lo que no puede ser es que no pague tasas y que, además, los soportes sean suyos.
Sin licencia
Otra de las irregularidades detectadas es que la empresa nunca pidió licencia de obra para instalar los 64 soportes publicitarios que mantiene en suelo público, mientras que tampoco consta que el Ayuntamiento se las reclamara. Los espacios publicitarios han sido contabilizados y fotografiados por agentes de la Policía Local, que han elaborado un informe que acredita que no existen actas de infracción o multas contra la citada empresa por colocar las vallas sin licencia. Todo apunta a que la única contraprestación que habría recibido el consistorio sería el uso de algunos de esos espacios para disponer indicaciones como dónde está el Centro de salud o de los monumentos de la ciudad, si bien la mayoría de los soportes están ocupados por anuncios de empresas privadas. Uno de los más curiosos es el panel luminoso ubicado junto al Mercado de Abastos y que está conectado a la luz municipal, es decir, que la empresa ni siquiera paga el gasto en electricidad.
Por todo ello, la funcionaria pide que se declare nulo el contrato y posteriormente se proceda a la correcta licitación o gestión directa, apuntando asimismo que es posible cuantificar los perjuicios económicos que haya tenido el ayuntamiento para poder reclamarlos.
Por su parte Javier Pérez dijo ayer que se descartó la opción de sacar el servicio a licitación porque ninguna otra empresa lo quería dado que al tratarse de un municipio pequeño no se obtenían suficientes ingresos para amortizar la inversión. De hecho dijo que buena parte de los municipios de la Vega Baja tienen acuerdos similares. El regidor defiende que el acuerdo fue bueno para Callosa dado que se ahorró toda la inversión en señalizaciones.
