La buena o mala gestión -según se mire- de sus políticos le va a costar a los oriolanos el pago de 414.685 euros en intereses por sentencias condenatorias, según explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Rafael Almagro (Partido Popular) en la clásica ya comparecencia de los martes para explicar los acuerdos adoptados por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela. El edil recordó que de haber pagado a tiempo no habría supuesto el abono de estos elevados intereses que la Administración de Justicia carga a los perdedores de los procedimientos con el objeto de que eviten la dilación de los pagos para evitarse, precisamente, los disparados sobrecostes.

Almagro recordó que son sentencias dictadas entre los años 2013 y 2015; es decir, cuando la gestión en Orihuela correspondía al bipartito en minoría (PSOE y Los Verdes) aunque, evidentemente, las resoluciones judiciales nacen de procedimientos o problemas de la anterior legislatura, cuando Mónica Lorente o, incluso, José Manuel Medina (ambos del Partido Popular) decidían el futuro de la ciudad. En cualquier caso, las decisiones de unos y de otros llevan a este gobierno municipal a lo único que les queda: pagar que, en cualquier caso, es algo que no compromete a más bolsillos que los de los contribuyentes. Asimismo, otras de las cuestiones a las que se dio luz verde fue la ampliación del plazo en la cesión de la parcela sita de la Plaza de la Salud, con destino a la construcción del centro de salud, así como tres relaciones de facturas por importe de 205.681 euros, 558.930 euros, 176.946 euros, respectivamente. Por otra parte, Almagro destacó las ayudas sociales por más de 5.000 euros.