Preside una asociación vecinal con 37 años de historia, surgida antes de la legalización de los partidos políticos como cauce de las aspiraciones de participación de los residentes. Han luchado por conseguir una mejor atención sanitaria y múltiples servicios para el municipio. Mantienen de forma altruista un banco de alimentos para ayudar a personas sin recursos y desarrollan diversas actividades culturales, educativas y festivas. Su última batalla ha consistido en pleitear contra un planeamiento urbanístico que han conseguido derogar en los tribunales.
¿Cómo una asociación pequeña consigue que el Tribual Supremo anule un Plan General que preveía construir 40.000 casas con el aval del Ayuntamiento y de la Generalitat?
Ha sido un proceso difícil. Tenemos un modelo de pueblo y lo defendemos, creemos que hay que construir pero de forma sostenible y moderada. Ese plan preveía levantar 40.000 viviendas en un municipio de 6.000 habitantes. Era un disparate y ponía en peligro la esencia de lo que es San Miguel de Salinas. Era un plan especulativo, por lo que nos opusimos junto a la Asociación de Amigos de Sierra Escalona.
¿Cómo se financia toda esa lucha en los tribunales?
Hemos tenido abogados en los que hemos confiado durante el proceso y siempre hemos llegado a acuerdos para que los precios no fueran desorbitados. Hemos trabajado mucho ayudando para ahorrar costes, estudiando también los planes nosotros y ayudando. No ha sido dejar el problema sólo al abogado, ha habido que implicarse.
Supongo que habrán contado con el respaldo de muchos vecinos, pero también con muchos detractores.
Ha sido muy duro. El PP prometió que al pueblo lo iba a hacer de oro con el nuevo Plan General y era el cuento de la lechera, mucha gente lo creyó. Antes de llegar a los tribunales hemos presentado alegaciones, hemos intentado participar, pero bloquearon todas las iniciativas. Ahora estamos satisfechos, pero hemos sufrido mucho.
Entiendo que también afecta en el plano personal.
Las reacciones del poder político cuando se ve criticado son duras y en un pueblo tan pequeño si te enfrentas a un asunto como este conlleva un coste personal. Hay gente que te reconoce esa lucha de forma honesta y honrada, pero ves que hay gente que por la calle no te saluda y no sabes por qué. Durante estos años yo mismo he estado denunciado por unas declaraciones sobre urbanismo al denunciar una irregularidad en 2003, pero al final el asunto se archivó. Aun así lo sufres y tu familia también. Igualmente hemos tenido presiones directas de promotores, con uno incluso fuimos a los juzgados por insultos y amenazas.
El Ayuntamiento les acusa poco menos que de haber llevado a la ruina al municipio por anular el Plan General. ¿Qué esperan ahora de los gobernantes?
Esperamos mucho, por lo menos una declaración pública reconociendo errores. Sólo hemos visto ataques a la asociación y directos a mi persona. El plan debe abrirse a la participación, después de tantos años si haces el trabajo mal y te has gastado el dinero de los contribuyentes qué menos que salir a pedir perdón. Nos gustaría poder hablar en el pleno, comentar las cosas, sentir la participación.
¿Debe haber dimisiones?
Creemos que sí, pero aun estamos esperando una declaración. El plan podría haber servido para solucionar problemas anteriores en urbanizaciones y no sólo construir, es decir, poner orden en el desorden, que hay mucho. Qué menos que eso se hubiera hecho.
Hasta hace poco denunciaban que había urbanizaciones que ni si quiera tenían agua potable. ¿Tan mal se ha planificado aquí el crecimiento urbanístico?
En la década de los 80 y 90 fue la primera oleada urbanística y había carencias en las urbanizaciones. Los mejores lugares del municipio se colonizaron, se vendieron a un ladrillo sin control levantando urbanizaciones ilegales con múltiples carencias, sin redes de saneamiento ni agua potable. La lucha llegó incluso al Parlamento Europeo para demostrar que el agua no era potable porque contenía nitratos. Fue un crecimiento descontrolado, primero se construía y luego se legalizaba. Esta vez no queríamos que sucediera lo mismo, veíamos que un crecimiento tan grande iba a colapsar el municipio.
Muchos de esos afectados son residentes de origen internacional. ¿Cómo es posible que éstos participen en la asociación pero no se impliquen en política?
Muchos extranjeros entraron en contacto con nosotros para pedir ayuda por los problemas en las urbanizaciones, pero a lo largo de los años se han ido uniendo por distintos intereses. Yo creo que encuentran seriedad y preocupación, aquí se les escucha, ven que todo está claro, limpio y transparente. Encuentran cauces de participación directa y a cada uno le gusta un tema: a unos la solidaridad colaborando con el banco de alimentos, a otros la fiestas, la convivencia, otros pedir cosas para su calle... ellos participan en la gestión de todo.
¿Por qué no dan el paso de presentarse a unas elecciones políticas?
Hemos optado por hacerlo desde el no poder y demostrar que se pueden hacer cosas con los vecinos, sin el poder. Si vemos que la gente lo pide se podría pensar, pero ante todo predicamos con el ejemplo. Creemos que hay que abrise a la participación y lo hacemos en nuestras asambleas. No apoyaríamos una candidatura que luego no hubiera forma de controlarla, nosotros tenemos vocación de servicio.
