El Ayuntamiento de Bigastro se ahorrará el pago de más de 665.000 euros tras las negociaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno con tres acreedores que tenían sentencias firmes contra el consistorio por impago de dos préstamos de la etapa de gobierno socialista entre los años 2006 y 2010, cuyas sentencias obligaban a pagar 1.680.000 euros y 106.000 euros, y una subvención recibida en el año 2006 de cuyos fondos no se justificó su finalidad, lo cual ha obligado a la devolución del importe recibido por valor de 88.000 euros. En total más de 1.870.000 euros que finalmente han quedado en 1.205.000 euros, lo que supone una rebaja de más del 35% de esa deuda.

La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP), informó que para poder realizar esta operación el Ayuntamiento de Bigastro ha firmado un préstamo solicitado al Ministerio de Hacienda Administraciones Públicas para cubrir las anteriores sentencias «en unas condiciones favorables de un tipo de interés por debajo del mercado y a un plazo de 10 años, con 2 años de carencia».

La alcaldesa se mostró «realmente sorprendida» por las declaraciones de concejales de la oposición «en las que parece que en vez de alegrarse de que se haya conseguido este importante ahorro, sólo intentan seguir con la crispación política». Belmonte dijo que el edil de UPLC, Aurelio Murcia, «insiste, fuera y dentro del pleno, en que Bigastro no debe pagar sus deudas». Es «lamentable tener que escuchar estas irresponsables declaraciones, aún más cuando él conoce perfectamente las consecuencias de la morosidad de este Ayuntamiento, ya que formó parte del equipo de gobierno durante dos años en el periodo 2011-2013».

Morosidad

«Él sabe perfectamente que la morosidad es una de las variables básicas de la sostenibilidad financiera del municipio y que incumplir con los pagos pone en riesgo recibir numerosas subvenciones que tanta falta hacen a este pueblo para ayudar a los que más lo necesitan a través de los servicios sociales, para el mantenimiento de calles, parques, polideportivo o alumbrado». La regidora mostró su descontento por que se intenten «levantar sospechas sobre motivaciones ocultas para dar prioridad a unas deudas sobre otras» y dijo que «el criterio de selección en cuanto a las deudas por sentencias es objetivo: primero van aquellas que han agotado la posibilidad de recurso y que ya no se pueden aplazar como es el caso de estas tres que se han incluido en el préstamo firmado». Así avanzó que «se irán solicitando nuevos préstamos conforme haya sentencias firmes definitivas sin posibilidad de más recursos».

Teresa Belmonte recordó que sobre el Ayuntamiento de Bigastro todavía pesan reclamaciones judiciales que superan los 7,5 millones de euros, «la mayoría de ellas por las irregularidades urbanísticas llevadas a cabo por los anteriores gobiernos socialistas, y que habrá que pagar en los próximos años».

«Este equipo de gobierno está trabajando para conseguir las mejores condiciones con las que poder pagar estas deudas, y para que el peso que recae sobre los bigastrenses por ellas sea lo menor posible», tal y como ha ocurrido en la operación anteriormente citada «con la que nos hemos ahorrado 665.000 euros, aproximadamente una tercera parte del IBI que pagamos los bigastrenses en un año».