El Consorcio de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja aceptará el ofrecimiento del juzgado de Instrucción 3 y de la Fiscalía Anticorrupción para personarse en el caso Brugal que, entre otras piezas, investiga las supuestas irregularidades en la concesión del contrato de explotación del vertedero comarcal en favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) Cespa-Ortiz. Así lo confirmó a este periódico la diputada socialista Fanny Serrano, miembro del órgano de gobierno de la institución comarcal que preside Manuel Pineda, a la sazón alcalde de Rafal y diputado autonómico.

Serrano aseguró en declaraciones a esta edición que aún no tienen constancia de la petición que el fiscal Pablo Romero ha realizado al juzgado pero que, cuando llegue, la aceptarán de buen grado. Como publicó INFORMACIÓN el pasado día 24, el Ministerio Público pretende que los peritos del Consorcio tasen los gastos que se le han causado, algo para lo cual se ha dado un plazo de diez días y que no será fácil de cumplir debido a que a día de hoy los ayuntamientos siguen sufriendo, con sobrecostes, el retraso en la puesta en marcha del Plan Zonal.

El objeto de la petición es fijar las supuestas responsabilidades civiles que habrían cometido aquellos acusados que, finalmente, pudieran ser condenado, y en las cuales tendrían que resarcir económicamente a los perjudicados, en este caso, el Consorcio de Residuos como «víctima» de esta supuesta trama de corrupción político-empresarial que lleva ya cinco años investigándose por un magistrado en Orihuela después de que estallara a raíz de unas grabaciones que el empresario Ángel Fenoll facilitó y en las cuales -aunque es objeto de otra pieza de este procedimiento- se destapaba un supuesto trato de favor para la concesión del contrato de las basuras a una empresa con el plácet municipal.

Las escuchas acordadas por el juzgado hace ya ocho años y que se prolongaron durante tres derivaron en una quincena de piezas judiciales -algunas ya archivadas- entre las cuales la más importante, tanto por el volumen de municipios afectados como de instituciones políticos y empresarios, es esta.