El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha solicitado a la magistrada Rosa María Villegas, juez de apoyo del juzgado 3 y quien lleva el caso Brugal, que solicite a su vez al Consorcio de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja que se cuantifiquen los gastos que se han generado en la comarca en estos años derivados del incumplimiento de lo previsto en ese proyecto para, de este modo, fijar las supuestas responsabilidades civiles que se podrían derivar tras una posible condena de los encausados. El Brugal es un macroprocedimiento que en una de sus ramas investiga una supuesta trama de corrupción político-empresarial para otorgar el contrato millonario de los desechos de la Vega Baja a uno de los aspirantes, procedimiento que tiene encartadas a 40 personas. Lo que pide el Ministerio Público no es fácil porque aún hoy los ayuntamientos se están quejando del aumento de costes que les está provocando el retraso en su puesta en marcha, lo que obliga por ejemplo a llevar basuras de la Vega Baja a plantas como Elche, Xixona o Villena.
El Consorcio de Residuos aprobó hace diez años el Plan Zonal de Residuos que tenía que haber impulsado este procedimiento y cuyos estatutos entraron en vigor un año más tarde, el 24 de mayo de 2006. El fiscal entiende que este órgano es el que tiene, a través de sus técnicos y «en el plazo más breve posible, nunca superior a diez días», dice, remitir para su unión a la causa un informe relativo a «los gastos que ha tenido este organismo que agrupa a los 27 municipios de la Vega Baja desde la fecha de su constitución hasta ahora. En el informe se deberán de indicar los gastos por año e incluir todos, no sólo los presupuestados, sino también cualquier otro generado en el expediente de adjudicación del contrato de concesión de obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos». El fiscal, además, quiere que la magistrada que lleva esta investigación realice un ofrecimiento de acciones al Consorcio para que se persone en las actuaciones a fin de «reclamar los perjuicios que se le hubieran ocasionado como consecuencia de los hechos delictivos que se están investigando en la causa».
El Ministerio Público también quiere saber en qué situación se encuentra otro proceso judicial, en este caso en vía contencioso-administrativa, que ya fue resuelto por el juzgado número 2 de Alicante y por el cual se desestimó el recurso presentado por la UTE que se adjudicó el proyecto -Cespa-Ortiz- contra la decisión adoptada el 21 de enero de este año por el Consorcio y que sirvió para resolver el contrato por un supuesto incumplimiento del mismo derivado, entre otros motivos, de que no se abriera en plazo la planta de transferencia prevista en Cox tal y como se preveía. La UTE recurrió dicha resolución y lo que el fiscal quiere es que la secretaria del juzgado le constate que es así.
Pablo Romero también ha realizado una petición al juzgado que era de prever tras la entrada en vigor el 5 de octubre de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acorta los plazos de instrucción de cualquier procedimiento. El fiscal considera que ni mucho menos lo que queda de causa puede estar concluso en 18 meses -que es el tope que prevé la ley- y le pide a la magistrada que declare la instrucción «compleja» porque se dan los requisitos que prevé la legislación de forma que «el plazo de duración de la misma pueda extenderse a 18 meses, y ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una nueva prórroga de este plazo, si fuera necesario». Es decir, Romero no tiene garantías a día de hoy de cuánto queda a esta instrucción, pese a que la solicitud de cuantificación del daño para saber qué responsabilidad podrían tener los ahora encausados podría dar a pensar todo lo contrario. Lo cierto y verdad es que el volumen de la causa y el hecho de que la mayor parte de autos se recurran de forma prácticamente automática por las partes ante la Audiencia ha ido demorando el procedimiento en aras del derecho de defensa.
