El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (Partido Popular), ha firmado esta semana un decreto por el que suspende las vacaciones que estaba disfrutando el interventor, Fernando Urruticoechea, desde la semana pasada, según confirmó ayer esta redacción en fuentes municipales. La decisión del regidor no hace más que tensar la cuerda de un problema que ha estallado dentro del Palacio del Marqués de Arneva, sede consistorial, y que se reduce a que el equipo de gobierno no tiene ni mucho menos confianza en la persona que tiene que autorizar todos los pagos que ellos aprueban. De hecho, esta semana y en dos ocasiones los portavoces Rafael Almagro y Paco Sáez Sironi, han salido en sendas ruedas de prensa para asegurar lo mismo: que si hay un retraso en los pagos, si Orihuela abona facturas en un plazo que supera los 60 días, el culpable no es otro que su jefe de Intervención, algo que se refrenda con los informes que la tesorera, Cristina Serrano, ha hecho llegar al equipo de gobierno para justificar la situación que se padece y que sufren desde Dinoco (la asociación que atiende a los niños de atención temprana hasta la asociación de Moros y Cristianos).

El equipo de gobierno no ha hecho público este decreto que, algunas fuentes, consideran insólita porque Bascuñana nombró esta misma semana a un interventor accidental: Manuel Pons, para que asumiera esta labor y, si tomó esta decisión no tiene sentido que le pida al titular de la plaza que regrese en su periodo de vacaciones. Algunas fuentes aseguraron que Pons no va a autorizar el pago de la nómina municipal (al parecer porque así se lo ha hecho saber Urruticoechea); es decir, que a final de este mes no se cumplirán los plazos para que los 700 funcionarios municipales cobren ni la extraordinaria ni sus emolumentos por el mes de diciembre. De hecho, el sindicato UGT ha convocado una reunión el próximo lunes a las 14 horas en La Lonja donde pondrá las cartas sobre la mesa del conflicto larvado que tiene todos los visos de estallar la semana próxima.

Lo cierto y verdad es que Orihuela comienza a asemejarse, a pasos agigantados, a la situación que se vivió en Crevillent hasta 2014, donde también estuvo como interventor Urruticoechea hasta que pidió ocupar la plaza vacante oriolana. El técnico acabó expedientado por el alcalde crevillentino, César Augusto Asencio, en una serie de procedimientos que después se cerraron sin encontrar culpable, lo que viene a refrendar la gestión de éste al frente de la intervención en el municipio del Baix Vinalopó y, al mismo tiempo, dificulta una salida que para el equipo de gobierno del PP en Orihuela no pasa por otra solución más que por apartar a Urruticoechea del organigrama municipal. Lo cierto y verdad es que las declaración tanto de Almagro como de Sáez Sironi no anuncian soluciones fáciles en Orihuela.