Que un ayuntamiento que tiene 15 millones en cuentas bancarias esté incumpliendo los 60 días de periodo máximo para el pago a proveedores (que por norma debe ser de 30 días), algo que destapó Rafael Almagro (PP), el concejal de Hacienda de Orihuela el pasado martes, asegurando que Tesorería e Intervención se echan las culpas, tuvo una rápida respuesta ayer de Ciudadanos y PSOE que pidieron medidas urgentes dejando entrever, en mayor o menor medida, que el barco que capitanea desde junio el alcalde, Emilio Bascuñana, se está haciendo ingobernable y la solución no pasa por echar balones fuera sino por dar soluciones. Durante las últimas semanas el diario ha publicado retrasos en los pagos flagrantes, que van desde las facturas de Dinoco hasta la empresa que gestiona el Centro de Mayores Virgen de Monserrate o, sin ir más lejos, la propia Asociación de Moros y Cristianos que aún no había cobrado la subvención anual de 90.000 euros. Este mes los funcionarios han cobrado con tres días de retraso.

Quien fue más contundente fue la portavoz socialista, Carolina Gracia, quien culpó al PP de una mala gestión que no puede tratar de ocultar con «una guerra entre Intervención y Tesorería» que, a juicio del PSOE, no existe. Gracia defendió la gestión de Urruticoechea al frente de Intervención: «Ha hecho su trabajo, ha cumplido con lo que le dice la ley, dar traslado de una situación y lo que ha hecho la tesorera no es más que cumplir con su obligación, actualizar el plan de Tesorería del Ayuntamiento». Por su parte, Juan Ignacio López Bas (Ciudadanos) pedía la convocatoria urgente de una junta de portavoces para aclarar el incumplimiento del plazo de proveedores, algo que deja en muy mal lugar al Ayuntamiento de Orihuela, y no sólo frente a sus proveedores, sino ante el Ministerio de Hacienda. El edil recordó que el pago a proveedores en tiempo es una exigencia por el ministerio que preside Cristóbal Montoro en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera y su incumplimiento podía derivar en consecuencias económicas para el municipio. Para López-Bas, en cambio, sí existe una guerra interna entre el interventor Urruticoechea y la tesorera, Cristina Serrano. «No entendemos que por una pelea entre los responsables de dos servicios municipales los proveedores no puedan cobrar a tiempo y tengan que hacer frente a intereses de demora altísimos».

Julio

El hecho de que López-Bas pidiera una junta de portavoces al alcalde para aclarar la situación explica, también, lo alejado que se encuentra del alcalde al que el pasado mes de julio garantizó la gobernabilidad gracias a un pacto que, a cambio, supuso sueldo para los tres ediles de C's. Desde entonces, las diferencias entre PP y el partido naranja han ido aumentando, algo que ha reconocido el propio portavoz.

Gracia, como López-Bas, insistió en lo peligroso que es tener retrasos en los pagos, «el alcalde desconoce las consecuencias de tener este incumplimiento, pero al PP no le preocupa ni se ocupan de la Concejalía de Hacienda» y pidió la dimisión de Almagro por «querer confundir a los ciudadanos cuando lo único que demuestra es su incapacidad para ser concejal de Hacienda. La edil recordó cómo Orihuela pasó en cuatro años de pagar a 120 días, durante la gestión de Lorente, a los 46,5 días del pasado mandato (con el PSOE al frente de Hacienda) y manifestó que algunas facturas en estos momentos se están pagando en Orihuela no a 60 días, sino a 10,7,3.