El juzgado de Instrucción 7 de Murcia que investiga un supuesto caso de corrupción en las obras del tramo del AVE entre Crevillent y Murcia, que podría ascender a 17,2 millones de euros, y que implica, entre otros, a exresponsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, decretó ayer la puesta en libertad de uno de los investigados, Aníbal Bueno, exsecretario de la institución, quien ha cumplido cinco semanas y media en la cárcel.
La resolución estima así el recurso presentado por su defensor, el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que señaló que no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Además, expuso que tiene arraigo familiar y social y vecindad conocida y buena reputación, y en cuanto a la posible alteración de pruebas, añadía que ese riesgo no existía, «por haberse practicado, presumiblemente, todas las diligencias de investigación». Aníbal Bueno fue ingresado en prisión por estos hechos el 8 de noviembre, ha pasado a la situación de libertad provisional, aunque deberá comparecer en el juzgado los días uno y quince de cada mes. Además, según se indica en el auto al que ha tenido acceso Efe, deberá hacer entrega de su pasaporte, lo que se llevará a cabo mañana en la sede del Juzgado. Según las investigaciones judiciales, tanto él como el que fuera juez privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, también investigado, pudieron beneficiarse, presuntamente, de 1,8 millones de euros aprovechándose de facturas falsas por obras no realizadas o abultadas en su importe.
